Quién lo iba a decir. En un estado que depende tanto del comercio, del turismo y del fruto del trabajo de los inmigrantes, sobre todo hispanos, está prosperando la idea de promulgar una ley de inmigración tan polémica, divisiva y de consecuencias tan imprevisibles como la que el año pasado se aprobó en el estado de Arizona.
Activistas que defienden los derechos civiles advirtieron esta semana acerca de los efectos negativos que podrían tener para la Florida dos proyectos presentados a la Legislatura en Tallahassee con cláusulas muy parecidas a la de la controvertida Ley de Arizona, que tanta polémica generó en todo el país al proponerse controlar la inmigración ilegal criminalizándola.
Un primer proyecto, ya aprobado por el comité de asuntos económicos de la Cámara de Representantes estatal contempla como un delito el no portar documentos mostrando el estatus legal, autoriza a la policía a investigar a todo sospechoso de ser indocumentado y endurece las penas para los inmigrantes ilegales.
La propuesta, que también faculta a cualquier persona para presentar denuncias a la fiscalía sobre la más mínima sospecha de que una empresa ha contratado a un trabajador indocumentado, se suma a otro proyecto que se halla en el Senado de la Florida y que también prevé dar a los jefes de policía de los condados una autoridad hasta ahora sólo competencia de los agentes de inmigración.
Intentos de aprobar leyes similares han fracasado ya en alrededor de una veintena de estados, entre ellos Colorado y Mississippi, pero están abriéndose paso en estados como Oklahoma, Carolina del Sur, Alabama e Indiana, donde esta semana la Cámara de Representantes, dio luz verde a una versión atenuada de un proyecto de legislación mucho más duro, pero que aun así penaliza a los comercios que contraten a indocumentados.
En Florida, el gobernador republicano Rick Scott ha dicho apoyar leyes al estilo de la de Arizona, lo que ha hecho crecer la inquietud de quienes temen que medidas de esta naturaleza podrían alentar actitudes discriminatorias y acoso policial contra todos los hispanos, con independencia de cuál sea su estatus legal en el país.
Los críticos también destacan que el asunto tendría peligrosas implicaciones económicas, y sostienen que de aprobarse una legislación antiinmigrante en Florida sería boicoteada por muchos, porque además de contravenir los fundamentos de EE.UU como un país de inmigrantes, afectaría grandemente el turismo, el comercio y las inversiones latinoamericanas en el estado.
De hecho, sólo durante los primeros cuatro meses después de promulgada en Arizona la ley de innmigración, ese estado perdió $141 millones de dólares en ingresos turísticos y como resultado de la cancelación de numerosos eventos, según informó la prensa local.
Los daños podrían ser mayores en Florida, donde los inmigrantes aportan al año un promedio de $4.500 millones de dólares en impuestos, los visitantes extranjeros dejan más $7.000 millones de dólares, y la inversión externa directa suma unos $34.000 millones. Una parte de esos ingresos proviene de latinoamericanos, que podrían sentirse desalentados a viajar o invertir en un estado que de repente deja de tratar amigablemente a los hispanos.
