La libertad de prensa en Venezuela se debate entre la realidad de la autocensura y los fantasmas de la censura.
Los analistas venezolanos e internacionales, coinciden en señalar que la arquitectura legal edificada en torno a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, coloca a los periodistas y a los medios en un permanente dilema, sostiene el periodista Jorge Luis Benezra Briceño.
La opción que les queda a los medios y periodistas, es informar dentro del marco establecido o aceptar ser sancionados, como ya ha ocurrido, con fallos erráticos, raramente bien fundamentados y muchas veces políticamente motivados.
Peor aún, tal como revela en su informe anual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los periodistas sufren acoso y el poder judicial es débil.
Este ambiente, hace que no solamente la autocensura se termine convirtiendo, inevitablemente, en censura, sino que además, ofrece una falsa sensación de que la libertad de prensa en el país está asegurada, lo cual es sostenido por los oficialistas que integran los partidos que apoyan al presidente Hugo Chávez y cuestionado por la oposición, y más aún por representante internacionales de defensa de los periodistas.
En tal sentido, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco va más lejos cuando sostiene que con la reforma al Código Penal, “Venezuela se burló de los principios de los derechos humanos internacionales que protegen la libertad de expresión”.
Poder judicial sometido a Chávez
También el director y editor jefe del Semanario Búsqueda, de Uruguay, el periodista Claudio Paolillo, quien es a su vez es director regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señaló que las acciones contra la prensa se producen porque “en Venezuela el Poder Judicial está sometido a los designios de Chávez”.
Paolillo se refería en particular a la censura sufrida por el diario El Nacional en agosto de 2010, que si bien terminó convirtiéndose en un boomerang, porque la justicia venezolana debió revisar su decisión, significó un alerta del gobierno de Chávez utilizando su presión sobre la justicia, para someter al resto de la prensa.
Porque tal como aseguró el director de Hora Cero de Panamá, James Aaparicio, “la censura es como el terrorismo: se impone a la fuerza y causa daño” y criticó el hecho de que “Venezuela este secuestrada por una paranoia inaceptable e imperdonable” impulsada por el gobierno. En su opinión, “imponer una censura directa y previa no cambiará la realidad de Venezuela, porque el silencio y el oscurantismo así lo quiera”.
Sin embargo, casos como el de Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya señal fue cancelada por no transmitir un discurso de Chávez, o el caso del presidente de la televisora Globovisión, Guillermo Zuloaga, que tuvo que exiliarse en Estados Unidos, tras ser detenido por criticar públicamente a Chávez, tras lo cual el gobierno se hizo de parte del paquete accionario del canal, son ejemplos evidentes del abuso del Poder Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial venezolano.
También el retiro de programas de televisión por parte del ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, provocó preocupación sobre la fiscalización a las televisoras del país.
El caso de El Nacional
Así, la decisión de un juzgado de Caracas de prohibir al diario “El Nacional” la publicación de informaciones e imágenes con contenidos violentos, fue definida por Miguel Henrique Otero, el editor jefe de la publicación, como una decisión política que revela la falta de independencia de los poderes en Venezuela y que además, puso al “gobierno en evidencia”.
Lo que puso además en evidencia el caso del fallo judicial contra “El Nacional”, fue precisamente como funciona la autocensura en términos de censura efectiva.
Desde el momento en que el diario decide salir a la calle con su primera página en blanco con la palabra "censurado", expone el punto donde ambas se mezclan y se convierten en censura efectiva, de hecho.
"Estamos censurados, esto es inconstitucional y atenta contra la libertad de expresión", declaró entonces Otero.
La medida fue condenada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y su presidente, Alejandro Aguirre, dijo que todo se trata de “un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales”.
Camino a las elecciones
A pocos más de un año de una elección que se considera relevante para el futuro de Venezuela y cuando el país es gobernado por un presidente que dispone de poderes especiales, y los ostentará hasta casi el final de su mandato, el cuestionamiento sigue siendo el mismo, como ejercer la libertad de prensa, como escapar de la censura.
En un país sin división de poderes efectiva, un problema al que se refirió también el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI), en un informe altamente crítico, que denuncia el deterioro de la situación de la justicia en Venezuela y señala al presidente, Hugo Chávez, como parte del problema, es difícil pensar precisamente, en que se pueda hacer ejercicio de la libertad de prensa.
