Sentado repetidas veces en el banquillo de los acusados por grupos no gubernamentales y organizaciones internacionales que lo culpan de violar los derechos humanos, el gobierno cubano ha sido también señalado por no respetar la libertad de expresión en la isla.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, y el Comité para la Protección de Periodistas han colocado a Cuba en más de una ocasión en la lista negra de los países que persiguen y reprimen a los periodistas, y como uno de los peores para ejercer la profesión.
Las autoridades de la isla sostienen todo lo contrario y alegan que en las sociedades capitalistas los medios de difusión “están en manos de las fuerzas más poderosas económicamente” por lo que es en ellas donde no se puede hablar de libertad de prensa. En cambio en Cuba, dicen, los medios son de propiedad social, y están al servicio “de todo el pueblo”.
Miembros de la prensa independiente en la isla destacan que históricamente el gobierno cubano ha considerado a los periodistas como “soldados de la información”, lo que significa que quienes se aparten de la línea de pensamiento trazada por el Partido Comunista de Cuba pueden ser considerados como “traidores” a los intereses del estado.
Uno de ellos, el periodista y ex preso político Raúl Rivero, dijo a la Voz de América que “durante muchos años y mediante una gestión represiva impecable, se ha vivido (en la isla) sin libertad y sin prensa”. A su juicio "se impone un partido único, y el pensamiento político que trate de desbordar esas talanqueras se condena y se encierra".
En un artículo publicado en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Ernesto Vera, quien durante 21 años fue Presidente de la Unión de Periodistas de la isla, manifiesta un punto de vista diferente.
“Somos los periodistas más libres porque formamos parte del pueblo más libre, donde hay una Revolución, que es el proceso más justo, ético y digno que haya tenido nación alguna”, dijo Vera refiriéndose a la prensa en Cuba.
La Ley 88 o “Ley Mordaza”, promulgada en la isla en 1999 y oficialmente llamada Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, sanciona con cárcel "aquellas acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social”.
Ante las críticas de que ha sido blanco la ley, el periódico cubano Granma ha dicho que un país “asediado tiene plenas facultades para condicionar su libertad de prensa a la defensa nacional y de las grandes mayorías”.
Para Claudia Cadelo, autora del blog independiente Octavo Cerco, ni el embargo comercial a la isla ni ninguna otra justificación es válida. “La libertad de prensa es un derecho ciudadano y no existe ninguna justificación para que no pueda ejercerse”, señala.
La académica de la Universidad Internacional de la Florida y experta en temas cubanos Uva de Aragón, destaca que “en Cuba existe una prensa controlada por el gobierno sin margen real para expresiones que disientan de la línea oficial”, aunque admite que “cada día existen más medios de prensa alternativos como los blogs y los periodistas independientes”.
De acuerdo con un blog oficialista que se publica en Cuba bajo el nombre de Yohandry Fontana, el único “modelo alternativo de libertad de prensa y expresión” válido en la isla es el defendido por el gobierno cubano.
Sin embargo, la renombrada bloguera cubana Yoani Sánchez destaca que “el simple hecho de que en Cuba no se pueda decir públicamente que no hay libertad de expresión es la mejor evidencia de que ésta no existe”.
Otro bloguero, Reinaldo Escobar, advierte que “la Constitución cubana en su Artículo 53 reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa”, pero cualquiera que recurra a “su inalienable derecho a expresarse libremente para criticar al sistema o a sus dirigentes, puede ser sancionado por severas leyes”.
De hecho, poco más de la tercera parte del Grupo de los 75 disidentes que fueron juzgados y encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 en la isla eran periodistas, condenados a penas de hasta 20 años de prisión en virtud la "Ley Mordaza".
