La cantidad del número de hispanos que deciden cruzar la frontera desde México a Estados Unidos está colmando las prisiones de los estados sureños, como es el caso de Arizona, donde el proceso federal de inmigración satura a los jueces federales y aumenta el número de hispanos enviados a prisión.
La mayoría de las decenas de inmigrantes que son capturados por las autoridades fronterizas aceptan finalmente declararse culpables y ser sentenciados en un proceso que podría prolongarse meses, pese a que los juzgados están acelerando las audiencias para acortar el proceso lo máximo posible.
Este, junto a otro cúmulo de hechos, ha generado que la mitad de la población carcelaria sentenciadas por delitos federales esté ocupada por hispanos, de los cuales la mayoría cumplen condena por el ingreso ilegal en el país.
En 2010 los hispanos representaban el 16% de toda la población en Estados Unidos. Pero si el cambio en el último año es importante, si se compara la última década, el aumento es abrupto, en un incremento de un 87%, según un análisis de los datos de la Comisión Federal de Sentencias, informa Associated Press.
Como solución, se comienza a plantear la necesidad de ‘audiencias masivas’ en las que se juzga a multitud de hispanos que han cometido el mismo delito. Mientras tanto, otros legisladores plantean que estos juicios distraen a los fiscales de reprimir delitos más graves.
"Hay un uso de los recursos de la justicia penal que no tiene sentido. ¿Acaso estamos sencillamente sumando cifras para que parezca que hacemos más ante los delitos de inmigración y de drogas, o estamos haciendo algo efectivo?", se preguntó el juez federal Rubén Castillo, quien se retiró de la Comisión de Sentencias en diciembre, después de 11 años. "Mi pregunta es, ¿estamos gastando el dinero en la forma adecuada? Yo tendría muchas preocupaciones en este aspecto", cita la agencia AP.
Estados Unidos comenzó con las audiencias judiciales expeditivas como parte de un programa Operation Streamline (Operación Eficiencia) que comenzó en el 2005 en Del Río, Texas, y pronto se extendió a otros sectores de la Patrulla Fronteriza para acelerar los procedimientos legales.
La primera vez que alguien es capturado por entrar sin documentos suele ser culpado de una contravención que conduce a la deportación o a un máximo de seis meses en custodia federal. Pero la segunda vez, la justicia no es tan indulgente, y los indocumentados son acusados de reingreso ilegal, que conlleva una sentencia máxima de dos años de prisión, o más, si tienen antecedentes penales.
Si bien las alternativas que proponen los legisladores, como los programas de justicia acelerada o masificada, plantean incompatibilidades con los derechos constitucionales.
