Ante la decisión de los indígenas de reiniciar su marcha luego de la violenta represión policial que sufrieron, el presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió suspender el proyecto vial que cruzaría el parque nacional Isiboro Sécure.
La represión policial contra los indígenas llevó a la ministra de Defensa Cecilia Chacón a renunciar al cargo. También presentaron su renuncia el viceministro de Interior, Marcos Farfán, y la directora de Migración, María René Quiroga, debido a la controversia generada.
Farfán aseguró que no ordenó la represión policial contra la marcha indígena, según el periódico boliviano La Razón. Así lo dijo en su carta de renuncia enviada al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
"Expreso mi desacuerdo pleno con la forma en que se procedió a la intervención de la marcha indígena en Yucumo, que ha respondido a una decisión operativa y no así, proveniente del Órgano Ejecutivo y ni de mi persona como parte del mismo", sostuvo.
Morales también calificó de imperdonable la represión policial contra los indígenas, por lo que espera que una comisión de alto nivel investigue este caso.
En tanto, la directora de Migración, René Quiroga, dijo en una conferencia de prensa que renunció por "razones de conciencia" y como un "acto de solidaridad con las mujeres, varones y niños indígenas que sufrieron ultrajes, alejarme del puesto que me fue confiado".
Portavoces de los manifestantes anunciaron para este martes 27 de septiembre de 2011, un paro cívico en el Beni, vigilias y marchas en cinco ciudades en protesta por la represión contra los indígenas.
“Ya hoy en La Paz se inició la marcha, el miércoles hay un paro general, en Oruro ya va empezar la marcha, a nivel Santa Cruz empezaron las marchas; o sea, las movilizaciones son a nivel general”, señaló un dirigente indígena.
Consultado respecto a la controversia generada en Bolivia, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el gobierno comparte la opinión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que dice que la polémica debe ser "resuelta pacíficamente mediante el diálogo y consultas previstas en la legislación boliviana y las normas internacionales".
