Ante la presión de los sectores sociales el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, renunció a su cargo este miércoles 28 de septiembre de 2011, con lo que se sumó a la ministra de Defensa y otras tres altas autoridades que dimitieron por la violenta represión policial contra la marcha indígena en oposición a una carretera que atraviesa la selva.
“Yo no abandono el barco porque creo que se está hundiendo, sino todo lo contrario. Doy un paso al costado con el único afán de que el barco del proceso revolucionario avance con mayor rapidez”, mencionó el ex ministro.
Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana ratificó también para este miércoles 28 de septiembre, un paro nacional movilizado en protesta de la brutal represión contra los indígenas que marchaban contra la construcción de una carretera en mitad de la zona selvática.
“El paro movilizado de 24 horas movilizado va adelante. Convocamos al pueblo porque el día de mañana será un paro total y seguramente la marcha será mucho más radical. Lo que han hecho no tiene perdón” , señaló su dirigente, Pedro Montes.
El presidente de Bolivia, Evo Morales por su parte, nombró como sus nuevos ministros de Gobierno y de Defensa a Wilfredo Chávez y Rubén Saavedra respectivamente, y pidió disculpas a los indígenas por la represión policial.
“También aprovecho esta oportunidad para decirles a quienes han sido agredidos con mucha soberbia, a nombre personal y a nombre del gobierno nacional, muchas disculpas; mil disculpas”, dijo Morales.
Otra resolución
Entre tanto, Estados Unidos dijo que el diferendo por la construcción de una carretera en una reserva ecológica en Bolivia debió haberse resuelto de forma pacífica.
Ante una pregunta del corresponsal de la Voz de América, David Gollust, sobre la detención de manifestantes indígenas en Bolivia que protestaban por la proyectada construcción de una carretera, el portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos comparte la visión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de que el asunto de la carretera debió resolverse de forma pacífica, a través del diálogo y consultas de acuerdo a las leyes bolivianas y los estándares internacionales.
