Colaborador de la Voz de América desde Lima, Perú
El presidente deberá asistir el próximo 7 de diciembre al Congreso a defenderse de las graves acusaciones de corrupción en su contra en 16 meses de gestión.
La oposición inició el proceso para intentar destituir al presidente Castillo. En paralelo también se maneja la posibilidad de suspenderlo en el cargo por un año.
El jurista Aníbal Torres abandona su cargo tras no lograr que la derogación de una ley, que regula los mecanismos para convocar a un referéndum, sea aprobada por el Congreso. La ex titular de Cultura, Betssy Chávez, fue designada como primera ministra.
La delegación de alto nivel informó que sostuvo 27 reuniones con diferentes poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia y gremios de la prensa para tratar de entender la compleja crisis política en el país sudamericano.
El máximo intérprete de la Constitución peruana determinó en su fallo que el proceso contra el presidente en el Congreso quede sin efecto. El Legislativo recomendaba inhabilitar a Castillo por cinco años al deslizar la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia.
La misión diplomática inició sus primeras audiencias con el presidente, el Congreso y altas autoridades del sistema judicial, con el objetivo de recabar la suficiente información y entender la complejidad de la crisis política en el país sudamericano.
La misión diplomática tendrá reuniones hoy y mañana con diferentes poderes del Estado para recabar la suficiente información y entender la complejidad de la crisis política en el país sudamericano.
La delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos aterrizará en Lima el domingo. La Voz de América recogió las impresiones de analistas, políticos y expertos sobre lo que esperan de esta visita.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó aceptar la acusación de la Fiscalía General contra el presidente izquierdista que es investigado por liderar una red criminal en el Estado.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso respaldó un documento que propone la inhabilitación del presidente izquierdista por haber deslizado la posibilidad de una salida al mar para Bolivia en una entrevista en enero pasado.
La decisión de la Fiscalía se habría dado por un pedido de la compañía que alega que se habría incumplido el acuerdo firmado para proporcionar información de los actos de corrupción que involucran a expresidentes, exalcaldes y líderes políticos.
El Congreso analiza tres figuras que se encuentran en la Constitución para acabar con el gobierno del presidente izquierdista.
Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Biberto Castillo estuvieron en el círculo más cercano del presidente izquierdista a lo largo de su gobierno, pero ahora son investigados por delitos de corrupción. Por su parte, la cuñada de Castillo recuperó su libertad.
Se requieren 87 votos para la destitución del presidente Pedro Castillo. Si se logra el objetivo, quien asumiría sería su vicepresidenta Dina Boluarte que completaría el periodo presidencial hasta 2026.
En una misiva enviada al secretario general Luis Almagro, se advierte de que el Congreso y la Fiscalía General están liderando un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del país.
El presidente de Perú recurre al Poder Judicial para que se anule la acusación en su contra por corrupción. En respuesta, el Congreso acude al Tribunal Constitucional para que aclare si es legal tal pedido.
En una conferencia con la prensa extranjera, Pedro Castillo señaló que deben probar los presuntos delitos que cometió durante su gobierno. Descartó que vaya solicitar asilo político en otro país y evitó declarar si cerrará el Congreso.
El presidente izquierdista está acusado de liderar una presunta organización criminal que direccionó licitaciones en la petrolera estatal Petroperú y el Ministerio de Transportes. Los cargos serán debatidos en el Congreso.
El secretario general respondió que cooperará con la investigación interna que se le ha iniciado por una supuesta relación con una asistente.
Durante la jornada final de la asamblea en Lima, varios países miembros exigieron al gobierno de Daniel Ortega que libere a los presos políticos y cese el hostigamiento a los periodistas.
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