LIMA - La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano aceptó en la noche del miércoles el trámite de la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción durante sus 16 meses de gestión.
El pasado 11 de octubre, el Ministerio Público presentó la acusación en la que se da cuenta que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración que empezó en julio del año pasado.
El jefe de Estado fue imputado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. Según la resolución fiscal, a la que la Voz de América accedió, se le imputan diversas responsabilidades.
En un primer asunto, el mandatario peruano habría usado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener un soborno de 58 millones de dólares a cambio de beneficiar con la obra a un empresario que aportó en su campaña electoral. Para este propósito, Castillo se confabuló con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el hoy exministro Juan Silva.
En el segundo asunto, el profesor rural habría designado a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la estatal Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias. Una de ellas fue el favorecimiento por 47 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) por 280.000 barriles de biodiesel. La operación se hizo realidad cuando el dueño de la citada compañía, Samir Abudayeh, tuvo una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno.
Tras la admisión de la denuncia de la Fiscalía General, Castillo cuestionó al Parlamento peruano. "¿En el umbral de la anemia y la pobreza, eso se debate en otro sitio? Estoy seguro que hay congresistas que pueden tener la mayor predisposición para que se agenden estos problemas, pero hay otros que les importa ‘un pepino’ los grandes problemas que tiene el país”, dijo el mandatario en una actividad pública este jueves.
Aparte de Castillo también están involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda), quienes serían sus lugartenientes de esta red criminal.
Con la admisión a trámite de la denuncia contra Castillo, se inicia un largo proceso en el Parlamento.
La decisión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales será informada a la Comisión Permanente, órgano integrado por el presidente y los vicepresidentes del Congreso y los voceros de las bancadas, donde también debería recibir el visto bueno y otorgar un plazo de 15 días para que se haga un nuevo informe de calificación de hechos.
Dentro del plazo mencionado, se tendrá que elaborar un documento en el que se indique si procede o no iniciar una investigación. Si la Subcomisión señala que es viable, entonces la Comisión Permanente le dará un nuevo plazo para que se elija a un congresista ponente de la causa y se notifique a las partes para que brinden sus descargos.
Tras las audiencias, el ponente desarrollará un informe final que recomendará acusar o no al presidente Castillo ante el Parlamento. Si es lo primero, luego todo el proceso pasará a la Comisión Permanente, donde se debatirá y votará otra vez el documento.
Así llegará al Pleno, la última instancia, donde está conformado por los 130 congresistas. Generalmente, cuando un presidente en Perú pasa por este proceso, hay dos escenarios: el antejuicio político y el juicio político.
Con el primero se permitiría levantar la inmunidad presidencial de Castillo para que sea procesado por la Corte Suprema del Perú. Por su parte, el segundo escenario tiene tres sanciones: destitución, inhabilitación o suspensión. En este caso, solo se necesitarían 66 votos para sacar al maestro de la presidencia.
Sin embargo, el problema de la denuncia de la Fiscalía de la Nación contra Castillo es que los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias no se encuentran como causales para acusar a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones según el artículo 117 de la Constitución.
En este artículo refiere que el mandatario solo puede ser acusado durante su periodo por tres casos en particular: traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, por disolver el Congreso y/o por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Por lo pronto, el Tribunal Constitucional de Perú rechazó días atrás un pedido del Congreso para interpretar los alcances del artículo 117 con el fin de analizar el procedimiento a la denuncia de la Fiscalía General contra Castillo.
Días atrás, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso presentó el informe final que recomienda acusar a Castillo por traición a la patria e inhabilitarlo por cinco años del ejercicio de la función pública por haber insinuado la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia.
El presidente de Perú también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
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