La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano aprobó este viernes, con once votos a favor y diez en contra, el informe final que recomienda acusar al presidente izquierdista Pedro Castillo por traición a la patria e inhabilitarlo por cinco años del ejercicio de la función pública por haber insinuado la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia.
En enero pasado, Castillo ofreció una entrevista al periodista Fernando del Rincón de CNN en Español. En la conversación, el ex maestro rural expresó que estaba dispuesto a “consultar al pueblo” si Perú le otorga una ruta para que su vecino país pueda tener acceso al mar. “Es un clamor de Bolivia... Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, apuntó.
Su declaración provocó que un grupo de abogados y congresistas de la oposición denuncien a Castillo por haber infringido los artículos 32; 54; 110 y 118 numerales 1; 2 y 11 de la Constitución. Se presentaron como una prueba que el presidente reivindicó una salida al mar a Bolivia en un evento al que asistió como dirigente en 2018 en La Paz.
En los últimos meses se llamaron a audiencias en el Parlamento para que los acusadores y el presidente expongan sus argumentos de la denuncia que, al final, terminó siendo aprobada este viernes.
El siguiente paso es que el informe sea derivado a la Comisión Permanente, órgano integrado por el presidente y los vicepresidentes del Congreso y los voceros de las bancadas, donde también debería recibir el visto bueno y así llegue al Pleno, la última instancia.
El Pleno está conformado por los 130 congresistas que deberán evaluar dos escenarios: el antejuicio político y el juicio político.
Con el primero se permitiría levantar la inmunidad presidencial de Castillo para que sea procesado por la Corte Suprema del Perú. Por su parte, el segundo escenario tiene tres sanciones: destitución, inhabilitación o suspensión. En este caso, solo se necesitarían 66 votos para sacar al maestro de la presidencia. Si se da este escenario, la vicepresidenta Dina Boluarte asumiría las riendas del Poder Ejecutivo hasta julio de 2026.
Castillo se pronunció sobre aprobación del informe por traición a la patria en su contra. “No nos amilana a nosotros. Aquí estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano. Espero que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano. En estos momentos coyunturales, la población es el principal testigo de lo que se viene haciendo ¿quién está o no trabajando por el Perú?”, apuntó.
Lo cierto es que la defensa legal del presidente izquierdista tiene dos cartas para tratar de anular la denuncia antes de que sea inhabilitado. La primera será el próximo martes 15 cuando exponga un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para que se deje sin efecto la acusación por traición a la patria porque habrían incurrido en la vulneración de varios derechos de Castillo.
Y la segunda sería presentar una medida cautelar ante el Poder Judicial con el fin de paralizar el procedimiento de juicio político contra Castillo en el Parlamento.
Hay que añadir que Castillo afronta una una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía General de Perú, que lo señala de ser el presunto jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado por los casos Puente Tarata y Petroperú. Además, una tercera moción de vacancia presidencial.
El presidente de Perú también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
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