Una delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó al diálogo entre el Gobierno peruano y el Congreso tras concluir sus reuniones con sectores representativos del país como parte de su misión tras activarse la Carta Democrática Interamericana ante la crisis política que atraviesa el país sudamericano.
El presidente Pedro Castillo recurrió al organismo panamericano porque argumentó que hay “un golpe de Estado en marcha” debido a la denuncia presentada por la Fiscalía General por presuntos actos de corrupción en su gobierno.
La misión de la OEA llegó al Perú el domingo para recabar información sobre la compleja situación política que ocurre en el país y en un comunicado, informó que mantuvo 27 audiencias “para cumplir con su objetivo de escuchar a la mayor cantidad de voces representativas de Perú”.
Detalló que todas las entrevistas se desarrollaron en un clima de cordialidad y respeto máximo a la Constitución, la soberanía, el Estado de Derecho, las instituciones y, sobre todo, la ciudadanía del país sudamericano.
Además, a través de un comunicado, indicó que se preparará un informe con el análisis correspondiente que presentará ante el Consejo Permanente de la OEA, en su sede en Washington DC, para cumplir con el mandato recibido. “Mientras se prepara el informe en tiempo y forma, la misión seguirá monitoreando la situación y queda a disposición de todos los actores”.
El martes 22 de noviembre, los cancilleres Juan Carlos Holguín (Ecuador), Julio Arriola (Paraguay) y Eamon Courtenay (Belice); los vicecancilleres Pablo Tettamanti (Argentina), Laura Gil (Colombia) y Christian Guillermet (Costa Rica); y el representante del secretario general Luis Almagro, Eladio Loizaga; tuvieron una cargada agenda de trabajo.
La delegación de la OEA recibió a los congresistas de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso, que forman un bloque de oposición que ha impulsado las interpelaciones, censuras y vacancias contra el Gobierno de Pedro Castillo.
Luego, el turno fue de las autoridades que lideran la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. También representantes de los sindicatos, del gremio empresarial, de las organizaciones de la sociedad civil y de la prensa peruana resultaron escuchados para que expongan su visión sobre lo que ocurre en Perú.
Mesa de diálogo
Dentro de los participantes de las audiencias con la OEA estuvo la Iglesia. La Conferencia Episcopal Peruana planteó a los comisionados, como una salida a la crisis política, que se instale dos mesas integradas por expertos independientes del Gobierno y el Congreso con el fin de que ayuden a establecer un diálogo entre ambos poderes del Estado.
La distribución de las mesas deberían estar distribuidas por personas que manejen lo político-legal y económico-cultural. Además, el trabajo de estos no debe ser privado, sino que dada la situación de tensión tiene que ser de carácter público y al alcance de la población.
“Hemos sugerido que debe haber la necesidad de un actor articulador. La imposibilidad de diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo ha llevado a una total desarticulación, grandes, medianos y pequeños. Esta situación demanda un actor que tienda puentes, acerque a las personas sin conflictos y logre consensos básicos, democráticos y urgentes”, dijo a la prensa monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, tras su reunión con la delegación de alto nivel.
Lo cierto es que Perú cierra así, por tercera vez en los últimos 22 años, la visita de una representación de la OEA en medio de una crisis política. La primera sucedió en 2004 cuando el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo de la justicia por el caso Odebrecht en Estados Unidos, afrontó pedidos de la oposición para que sea destituido por su baja popularidad e inestabilidad de su administración.
La segunda se dio en 2017 cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) afrontó un proceso de vacancia en el Congreso de la República tras descubrirse que dos empresas suyas tuvieron contratos con la empresa brasileña Odebrecht cuando fue ministro de Economía y Finanzas en 2005.
En esta ocasión, el presidente Castillo recurrió a la OEA porque argumentó que hay “un golpe de Estado en marcha” debido a la denuncia presentada por la Fiscalía General por presuntos actos de corrupción en su gobierno.
El presidente de Perú es acusado de ser el jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración, que empezó en julio del año pasado en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.
Además, Castillo también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
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