La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) emitió el lunes un reporte sobre el impacto de las sanciones de la administración del expresidente Donald Trump al gobierno de Venezuela.
El informe de 54 páginas, desvela que las sanciones “probablemente contribuyeron a una caída más pronunciada de la economía venezolana”.
“El desempeño de la economía venezolana ha disminuido constantemente durante casi una década y ha caído abruptamente desde la imposición de una serie de sanciones estadounidenses a partir de 2015”, indica el reporte.
Las cifras apuntan a que la economía del país sudamericano disminuyó desde un crecimiento del 6,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2015 a un 35% negativo en 2019 y un 25% negativo en 2020.
Adicionalmente, la investigación señala a “la mala gestión de la compañía petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa), así como a la caída de los precios del petróleo como otros factores que han influido en el desempeño económico del país".
Reacciones en la Cámara
En el Capitolio de EE.UU., los representantes demócratas, Gregory W. Meeks (jefe del Comité de Asuntos de la Cámara de Representantes) y Andy Levin, concluyeron –en un comunicado– que “las sanciones estadounidenses probablemente exacerbaron el declive económico de Venezuela”.
Levin afirmó que “independientemente de la posición de uno sobre las sanciones, debemos estar de acuerdo en que no deben imponerse a la ligera y no deben obstaculizar la ayuda que salva vidas".
Debemos asegurarnos de que se tomen todas las precauciones para que las sanciones no impidan la entrega de asistencia humanitaria"
Andy Levin, congresista de EE.UU.
El representante Levin fue directo en sus críticas con el gobierno republicano que acaba de dejar la Casa Blanca: “la administración Trump amplió las sanciones sin pensar aparentemente en el impacto que podrían tener en las personas que decían que les importaban, las mismas personas, vale la pena señalar, a quienes les negaron el Estatus de Protección Temporal (TPS) en nuestro país”.
Por otro lado, Meeks, que aseguró haberse reunido con familias venezolanas en la frontera con Colombia, consideró: “Si bien las sanciones a veces pueden tener un impacto positivo, debemos asegurarnos de que se tomen todas las precauciones para que no impidan la entrega de asistencia humanitaria a quienes más la necesitan”.
Objetivo de las medidas
El Departamento del Tesoro, que en consulta con los Departamentos de Justicia y Departamento de Estado, se encarga de adoptar las medidas punitivas que EE. UU. impone a otros gobiernos y personas señaladas, afirmó que "el programa de sanciones relacionadas con Venezuela está diseñado para limitar las fuentes de ingresos del "exgobierno ilegítimo de Maduro" con el fin de hacer responsable a quienes “se interponen en el camino de la restauración de la democracia en Venezuela, funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos”.
Las referidas sanciones, alega, fueron dirigidas directamente al gobierno, la compañía estatal Pdvsa y el banco central venezolano. El reporte explica que la asistencia humanitaria al pueblo venezolano fue encargada a la agencia estadounidense para el desarrollo (USAID).
La GAO, tras revisar la imposición de las sanciones, recomienda que el Departamento del Tesoro dé “un seguimiento sistemático a las consultas realizadas a su centro de llamadas y cuenta de correo electrónico”, incluyendo “el programa de sanciones específicas y el tema de la consulta para identificar tendencias y problemas recurrentes”. La cartera del Tesoro respondió positivamente.
El gobierno de Nicolás Maduro ha culpado a las sanciones, que considera "medidas coercitivas", por la situación económica que atraviesa el país.
Repaso a las medidas
En una rápida enumeración, algunas de las sanciones citadas por el informe –impuestas por medio de decretos desde 2017- fueron: la prohibición de que los estadounidenses realicen transacciones financieras referidas a nuevos préstamos al gobierno de Venezuela.
También la designación de personas a sancionar en relación con sus negocios con Pdvsa, y en los sectores financieros y de defensa; el bloqueo de propiedades de personal del gobierno venezolano en territorio estadounidense y las sanciones directas al presidente Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores.
Consecuencias
Como consecuencia, el informe cita el ejemplo del aumento de la deuda del gobierno venezolano con sus acreedores.
Señala que el gabinete de Maduro “aún tiene una deuda sustancial pendiente y menos petróleo disponible para la venta”.
Por consiguiente, apunta desde datos compilados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), “Venezuela en 2019 tenía una deuda bruta del gobierno general del 233% de su PIB, en comparación con el 11% en 2015.”.
Los bajos precios del petróleo en el mercado mundial y un déficit de electricidad en el país han hecho que los apagones hayan aumentado “en frecuencia y duración desde que Estados Unidos comenzó imponer sanciones a Venezuela”, asevera el reporte.
En una solicitud de comentario de la GAO a USAID, la agencia de ayuda exterior del gobierno estadounidense, agradeció que “la GAO reconozca que no puede encontrar ninguna conexión directa entre las sanciones de Estados Unidos y la crisis humanitaria en Venezuela, de la que el régimen ilegítimo de Maduro es totalmente responsable”.
El USAID citó en sus comentarios que la crisis generalizada se debe a la corrupción en el gobierno de Maduro y que éste ha hecho todo lo posible por obstaculizar la entrega de ayuda humanitaria por medio de las agencias no gubernamentales.
