Nicaragua lleva tres meses de violencia continua. Como resultado de la represión gubernamental de las protestas masivas, 280 personas han perdido la vida, desencadenando el rechazo por parte de la comunidad internacional.
Esta es una línea de tiempo del caos que comenzó con manifestaciones en contra de la reforma a las pensiones y se transformó en el repudio al presidente Daniel Ortega, un ex líder guerrillero quien es ahora calificado de autocrático.
El 18 de abril el gobierno presentó un plan para incrementar la cantidad de dinero que los empleados y las compañías pagaban al fondo de la seguridad social, mientras se cortaban beneficios, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (IMF por sus siglas en inglés).
Las protestas, lideradas por estudiantes, descargaron su furia en varias ciudades. Las demostraciones continuaros y fueron duramente reprimidas.
Son las protestas más importantes en los once años de mandato de Ortega.
Ortega elimina la reforma a las pensiones el 22 de abril en un intento por acabar con las manifestaciones, en las que 25 personas fueron asesinadas en cinco días en medio de enfrentamientos saqueos.
La retirada de la reforma no consigue pacificar a los manifestantes.
El 23 de abril, decenas de miles de personas salen a las calles en Managua, la capital, para pedir el fin de la represión. Algunos piden la dimisión de Ortega.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide a Nicaragua llevar a cabo “investigaciones transparentes, inmediatas e independientes” sobre las muertes, diciendo que muchas podrían haber sido “ilegales”. La mayoría de los muertos son manifestantes, en especial jóvenes y estudiantes universitarios.
Protestan se intensifican y la armada se distancia de Ortega el 12 de mayo, diciendo que no va a evitar que la gente se manifieste.
El 16 de mayo, mientras el número de víctimas aumenta, los diálogos comienzan en Managua entre Ortega y los grupos de la oposición, con mediación de la influyente Iglesia Católica.
Se culpa a las fuerzas anti-disturbios y las milicias del gobierno de gran parte de la violencia. La iglesia suspende los diálogos después de una semana.
El 29 de mayo, el sector de la empresa retira su apoyo a Ortega y al día siguiente Carlos Pellas, el hombre más rico del país, hace un llamado a adelantar las elecciones presidenciales.
Ortega jura mantenerse en el poder.
El tres de junio, cuando la violencia se agrava en la ciudad de Masaya, el papa Francisco hace un llamado al diálogo.
El siete de junio, el gobierno de Estados Unidos impone restricciones en los visados a los funcionarios nicaragüenses, condenando “la violencia política por parte de la policía y de paramilitares oficialistas”.
La violencia estalla en Managua el 11 de junio, con policías anti disturbios y paramilitares oficialistas atacando las barricadas que los manifestantes habían levantado.
En la noche del 22 de junio, la policía y los grupos paramilitares abren fuego a la Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua, bastión de los manifestantes en la capital.
El ocho de julio, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Baez, dijo que no es posible negociar con “representantes de un gobierno que miente, que no acepta la responsabilidad y que continúa atacando y masacrando a la población”.
Al día siguiente, cientos de partidarios de Ortega entran en una basilica en el feudo de la oposición, Diriamba, y acosan a obispos católicos.
El 12 de julio, miles de manifestantes protestan el gobierno de Ortega en las calles de Managua. Crece la presión internacional para acabar con la violencia,
El 17 de julio, cientos de fuerzas gubernamentales fuerzan el lanzamiento de un ataque armado en la ciudad de Masaya, un baluarte de la oposición, diciendo que después de varias horas de combate, la ciudad estaba bajo su control.
Grupos de defensores de derechos humanos dicen que al menos dos personas fueron asesinadas en los enfrentamientos.
El ministro Paul Oquist, un alido de Ortega, dice a la AFP en Bruselas que el gobierno nicaragüense ha derrotado el “golpe de estado”.
