El presidente de Colombia, Iván Duque, tomó la decisión de objetar seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz JEP, lo que ha dividido al país entre los que creen que su explicación es válida porque permite proteger los derechos de la víctimas, pero otros consideran que puede ponerse en riesgo el Acuerdo de Paz con las FARC.
Jurisdicción Especial para la Paz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.
La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.
El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y los magistrados. En particular, podrá conocer de los delitos que hubieren cometido excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación en la JEP sería voluntaria.
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición fue creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz y está compuesto por: (i) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; (ii) la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas; (iii) la Jurisdicción Especial para la Paz; (iv) las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
El sistema tiene como finalidad consolidar un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir en la reconciliación nacional.
Los órganos que componen el sistema deben trabajar de manera conjunta y coordinada con enfoque territorial, diferencial y de género. El sistema está apoyado en medidas restaurativas y reparadoras que atienden las necesidades y la dignidad de las víctimas para satisfacer su derecho a la verdad plena, a la justicia, la reparación y la no repetición, y buscar el reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron en el conflicto armado interno.
Fuente: www.jep.gov.co
Según lo explica el estado colombiano, "la JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera".
Al vetar los seis artículos, la norma queda congelada mientras el Congreso estudia su decisión, pero no bloquea el funcionamiento de la JEP porque existe un acto legislativo al respecto.
En un discurso televisivo, el presidente aclaró que "no existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición".
Dijo que su decisión se da porque no se "establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas" y que no se determina el alcance de "la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz".
También afirmó que la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables, que está estipulada, "es inconveniente porque constituiría impunidad".
La polémica
Según el diario EL TIEMPO, el debate se ha generado entre los "defensores del acuerdo de paz con las Farc y críticos de esa negociación. Además, se trata de una situación con pocos antecedentes porque no es usual que un Gobierno objete una norma que ya ha tenido control de la Corte Constitucional".
De hecho, agrega el medio colombiano, "en ese tribunal hay malestar con el Gobierno, y varias fuentes aseguran que si bien las objeciones no tocan temas centrales en el funcionamiento de la JEP, sí representan una alarma para la Corte".
Por ejemplo, en un comunicado emitido por el Consejo Político Nacional del Partido FARC, afirmó que las objeciones carecen de "sustento jurídico alguno".
"Sepa Colombia que estas objeciones no son en defensa de las víctimas, que nunca fueron reparadas por el Estado salvo muy contadas excepciones y que nunca fueron preocupación ni del Centro Democrático ni de Álvaro Uribe. Tampoco son en defensa de la fuerza pública, cuyos integrantes vienen defendiendo expresamente la JEP y reclamando responsabilidades a los políticos que les dieron pavorosas órdenes", señalan.
El comunicado agrega que las objeciones presidenciales "son las mismas que de forma recalcitrante ha exigido el consorcio Martínez Neira-DEA-Álvaro Uribe para acabar con la JEP y con el Acuerdo de Paz".
Así mismo, tras la intervención del presidente Duque, el equipo negociador en los diálogos de paz envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Gutérres argumentando por qué estas objeciones laceran el acuerdo.
"El gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional", dice la carta.
Allí también se señala que el asunto no se limita a las objeciones presidenciales sino que el gobierno y su bancada "han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción", lo que según sus opositores, "supondría una variación unilateral del acuerdo de paz".
Los partidos de oposición del gobierno de Duque también argumentaron, a través de una réplica a una alocución presidencial liderada por la congresista Juanita Goebertus, que la objeción a la JEP "pone en riesgo la separación de poderes, atenta contra la paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país".
Añadió que “la Corte Constitucional ya falló en cada uno de estos seis temas. Si hoy se abre esta puerta, el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto".
La otra cara
Por su parte, el martes, en declaraciones ofrecidas por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, al término de su reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que “es una oportunidad única para construir un gran consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Lo invité en su condición de secretario general a que contribuya a la construcción de ese consenso”.
Durante la reunión, Holmes le explicó los seis artículos que el presidente Duque decidió objetar de la Ley Estatutaria de la JEP, y sobre el encuentro dijo que le explicó muy en detalle nuestra estructura institucional, "en el sentido de que se trata de una facultad que tiene el Presidente de la República… Su propósito es que el Congreso debata sobre los artículos que fueron objetados para que tomen finalmente las decisiones que correspondan”.
“No se trata de ninguna manera de un choque de trenes, se trata de fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, añadió.
Según una publicación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el secretario general destacó la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y "reiteró las preocupaciones expresadas anteriormente por las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre en torno a la adopción de la Ley Estatutaria y su esperanza de que se tomen medidas rápidas para asegurar que este fundamento jurídico se establezca lo antes posible, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes interesadas".
El fiscal general de Colombia también se refirió a la situación. En un comunicado, señaló que las objeciones no comprometen la paz y que "es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos.
Por ahora, las objeciones serán votadas en tanto Cámara como Senado y deben ser apoyadas, en cada cámara, por mayoría absoluta. Si se modifican los artículos, deben ser revisados de nuevo por la Corte Constitucional. Si son negadas las objeciones, la ley se debe sancionar tal como se encuentra; si son aprobadas, regresan a sanción por parte del presidente.
Duque, además, señaló que presentará una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017 - regulador de la JEP- a mitad del mes de marzo.
