El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe del naciente partido político de la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), Rodrigo Londoño, prometieron el viernes continuar luchando por el éxito del acuerdo de paz que firmaron hace un año, pese a las dificultades para implementar el pacto.
Ambos hablaron en un acto para conmemorar el primer aniversario de la firma del acuerdo entre el Gobierno de Santos y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el que se puso fin a un conflicto armado que en más de medio siglo dejó 220.000 personas muertas y millones de desplazados.
Las FARC, que dejaron las armas y conformaron el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, han criticado algunos cambios al acuerdo, luego de fallos judiciales y modificaciones en el Congreso, especialmente en una ley que crea un tribunal para juzgar a los jefes rebeldes por crímenes de guerra.
El acuerdo sigue siendo profundamente impopular entre muchos colombianos, que se oponen a los diez escaños en el Congreso garantizados a las FARC hasta el 2026 y que quieren ver a los rebeldes en cárceles cumpliendo sus condenas, en lugar de completar sentencias alternativas como la remoción de minas terrestres.
El gobierno sostiene que el acuerdo ha salvado miles de vidas y le permitirá al país centrarse en la lucha contra las bandas criminales y en impulsar el crecimiento de la economía.
“Sé que las FARC tienen reclamos y preocupaciones. Me reuniré con sus jefes y con el mejor de los ánimos, como siempre lo he hecho, para resolver –en la medida de lo posible- sus inquietudes. Pero que no quede la menor duda: seguiremos cumpliendo con los acuerdos”, dijo Santos en un discurso durante el acto de aniversario.
“Construir la paz es el desafío más grande, el más importante, el más valioso que cualquier país pueda tener (...) Por eso los invito, desde el fondo de mi corazón, por ustedes, por nosotros, por nuestros hijos, a que sigamos avanzando”, declaró Santos, ganador del Premio Nobel de paz el año pasado por sus esfuerzos por pacificar el país sudamericano.
Londoño, más conocido como “Timochenko” por su antiguo nombre de guerra, dijo que la antigua guerrilla cumplió su palabra entregando miles de armas a las Naciones Unidas y convirtiéndose en un partido político, pero que el Estado no ha cumplido cabalmente con lo pactado.
“Somos un partido serio y no daremos marcha atrás en ninguno de los términos pactados. Estamos seguros de que nos acompañan millones de colombianos que soñaron con la terminación del conflicto, que lucharon por la solución política en todos los escenarios y que entienden que la paz es un bien alcanzable”, señaló Londoño.
Traba legislativa
El 15 de agosto las FARC entregaron a la ONU su último fusil. Casi 7.000 hombres y mujeres dejaron de combatir y las muertes por el conflicto, que al inicio de los diálogos llegaban a 3.000 por año, se redujeron a 78, según cifras oficiales.
Tras el desarme avalado por Naciones Unidas, las FARC, que mantuvieron sus siglas de guerra pero le dieron un nuevo significado, preparan su estreno electoral en los comicios de 2018.
Pero el acuerdo de 310 páginas prevé además reformas rurales y políticas que no han salido del papel. Y lo que más preocupa es la suerte que pueda correr la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgará los crímenes atroces cometidos durante el conflicto.
El Congreso, con una inestable mayoría oficialista, todavía no reglamenta el sistema bajo el cual guerrilleros y militares podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.
A juicio de la FARC, el Legislativo, que tiene hasta fin de mes para aprobar la normativa por vía rápida, pretende modificar lo acordado para perjudicarlos.
El mismo Congreso que aprobó hace un año el acuerdo de paz, hoy está empeñado de modo vergonzoso en hacerlo trizas en una conducta que envilece al Estado colombiano”, clamó Timochenko.
Además de eso, las FARC han denunciado el asesinato de al menos 23 exguerrilleros y 11 familiares de integrantes del movimiento, al tiempo que la ONU asegura que unos 3.600 excombatientes han abandonado las 26 zonas donde se habían concentrado para su reincorporación social y económica, muchos desencantados con el proceso.
“Sé que las FARC tienen reclamos, sé que tienen preocupaciones (…) Pero que no quede la menor duda: seguiremos cumpliendo con los acuerdos”, dijo Santos.
Timochenko, que ha descartado el regreso a las armas, también renovó su compromiso pese a las dificultades. “No daremos marcha atrás en ninguno de los términos pactados”.
Polarización
Aunque menos intenso que antes, el conflicto no ha terminado. El gobierno de Santos persigue a entre 800 y 1.000 disidentes del grupo marxista, combate sin tregua el narcotráfico y negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla que reconoce.
Pero la polarización no cede. La derecha y otros sectores consideran demasiado indulgente el trato alcanzado con una organización que se financió del narcotráfico e incurrió en acciones crueles.
“Hay más confrontación política y poco cumplimiento”, comentó a la AFP Germán Mecías, un estudiante universitario de 23 años que asistió al evento en el teatro.
Con una imagen negativa del 79% en las encuestas, la FARC postuló a Londoño a la presidencia y candidatos al Congreso. El pacto les garantiza 10 curules en el Parlamento de 268 escaños por dos períodos de cuatro años.
En las ciudades “ellos tienen mucho rechazo (…) Colombia es un país que tiene muchas heridas por sanar y muchas cosas por perdonarse, y eso no es un tema del día para otro”, comentó a la AFP Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación.
Situación actual en Colombia
Tras la retirada de las FARC como grupo armado y autoridad, muchas zonas del país viven una guerra de bandas por el control del narcotráfico. Con la retirada de un actor clave en el control territorial se triplicó la superficie de cultivos ilícitos desde 2012, cuando iniciaron los diálogos, pese a los esfuerzos del gobierno por erradicar la coca y difundir programas de agricultura legal.
Mientras el índice de homicidios a nivel nacional se mantiene en mínimos históricos, en zonas tradicionalmente dominadas por las FARC los asesinatos aumentaron 14% en la primera mitad de este año.
Tumaco, el municipio con más cultivos ilícitos de todo el país y uno de los principales puertos de exportación de la cocaína, es la muestra más clara de las nuevas luchas de poder con la presencia de grupos disidentes de las FARC -que siguen reclutando combatientes-, bandas criminales y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla del país tras el desarme de las FARC y que está actualmente en negociaciones de paz con el gobierno.
El mes pasado siete campesinos cocaleros murieron en Tumaco en enfrentamientos con la policía durante una manifestación contra la erradicación de cultivos. En todo el país, 61 activistas por los derechos humanos han muerto en lo que va de año, frente a los 52 del año pasado, según Naciones Unidas. Ya en 2016, ante la firma del acuerdo de paz, esa persecución se había disparado.
Tumaco es también uno de los principales focos de las disidencias de las FARC, que ya conforman varios grupos y aglutinan en todo el país a un millar de exguerrilleros que no ven en el desarme un futuro viable, según varias organizaciones internacionales.
La fragilidad del pacto en el terreno se suma a la lentitud de la maquinaria política para materializar los acuerdos: 17% de las 558 medidas necesarias para hacerlo realidad han sido aprobadas, mientras que más de la mitad no han iniciado siquiera su trámite, según un conteo del Kroc Institute para estudios de paz internacional de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos.
El 1 de diciembre expira la vía rápida que tiene el Congreso para aprobar estas leyes. Ya han sido avaladas reformas difíciles como la ley de amnistía para los presos rebeldes y la creación del partido de las FARC, ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; pero aún falta que avance un elemento clave y que para muchos es el núcleo del acuerdo: la llamada Justicia Especial de Paz, que juzgará a los actores del conflicto armado.
Con información de Reuters y AP y AFP
