La ayuda internacional ha sido clave para combatir los delitos ambientales que están amenazando el futuro de la Amazonía peruana, donde está uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta en cuanto a su inmensa variedad de especies de flora y fauna, indicaron expertos consultados.
El reciente informe de Transparencia Internacional correpondiente al Índice de Percepción de la Corrupción en 2024, divulgado el martes, indica que "en Perú", por ejemplo, "los expertos señalan que la modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del pasado año fomentará la deforestación ilegal y responde a intereses particulares".
Esto coincide con la decisión de Estados Unidos de poner en pausa para revisar el desempeño de su Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), que solo entre 2021 y 2022 entregó más de 284 millones de dólares, parte de ello destinado a la prevención y combate de los principales delitos ambientales en la Amazonía peruana.
Dante Vera Miller, director de V&C Analistas, al valorar el apoyo internacional, señaló que factores de deterioro ambiental en el Perú como la deforestación, la tala ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre están vinculados a las economías criminales.
“Estas estructuras, ejecutadas por organizaciones diversificadas y sostenidas en el tiempo, generan recursos significativos recurriendo a la violencia y la corrupción. Depredan el medio ambiente e infringen derechos humanos… En el Perú, la deforestación y tala ilegal de madera, el narcotráfico y la minería ilegal, principalmente en la Amazonía, son expresiones críticas de este fenómeno”, explicó Vera Miller.
La minería ilegal, por su parte, contamina los ríos con mercurio, afectando la salud de las comunidades locales y la fauna acuática. El tráfico de vida silvestre diezma las poblaciones de animales y plantas, perturbando el equilibrio ecológico de la región y aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades de la fauna hacia los seres humanos.
Las estadísticas del Poder Judicial peruano muestran una clara tendencia creciente en la incidencia de delitos ambientales procesados, alcanzando más de 4.000 casos. Esta cifra sin embargo es muy inferior a los casos registrados por las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, que solo entre el 2022 y 2023 observó un incremento de superior al 29 % en el número de casos denunciados, alcanzando casi 10.000 casos a nivel nacional.
¿Cómo ha llegado la ayuda internacional a Perú?
Estados Unidos, a través de su Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) ha sido una de las mayores fuentes de apoyo con financieramente para la protección ambiental y el combate de los delitos ambientales en Perú, incluso para la lucha contra las organizaciones criminales transfronterizas. Estados Unidos además ha colaborado con recursos técnicos a Perú para fortalecer sus capacidades en la lucha contra los delitos ambientales.
Entre los organismos favorecidos con estos programas están la autoridad de parques nacionales (SERNANP), el organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) y la fiscalía especializada en temas ambientales (FEMA). Recibieron apoyo financiero además algunos proyectos para combatir la deforestación en la Amazonía, incluyendo programas de reforestación y manejo forestal sostenible.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, por intermedio de USAID, ha promovido la formalización de la minería artesanal y combatido la minería ilegal en la Amazonía, fomentando también prácticas mineras responsables y la recuperación de áreas degradadas. A través del fomento al periodismo de investigación, se han sacado a la luz docenas de denuncias por temas ambientales y por derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas.
![Dragas detectadas en el río Nanay en abril de 2024. [Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS]](https://gdb.voanews.com/e73e3280-bad4-45ab-907e-2e27472c3747_w100_r1.jpg)
¿Cuál es el actual contexto en Perú en materia de acciones contra crimen organizado?
Las diversas modificaciones legislativas aprobadas por el Congreso y Poder Ejecutivo peruano han debilitado el manejo y conservación de los recursos naturales e incluso aquellas que han modificado las leyes contra el crimen organizado ya están teniendo efectos adversos en el país, de acuerdo con los expertos.
Fuentes consultadas sostienen que en este contexto es propicio para que la degradación ambiental, el crimen y la violencia se disparen. Incluso, algunos expertos afirman que el descubrimiento de fosas comunes cerca de La Pampa, el epicentro de la minería ilegal en las selvas de Madre de Dios, al sur del país, es una pequeña muestra de los terribles niveles de violencia y criminalidad asociada a este delito ambiental.
Bram Ebus, uno de los directores del premiado proyecto Amazon Underworld, asegura que tanto Perú como otros países amazónicos requieren el apoyo financiero y técnico internacional para intentar frenar la expansión del crimen organizado que acelerando el deterioro de la Amazonía.
Un artículo de opinión publicado en el portal de noticias Mongabay el 30 de enero, el destacado conservacionista peruano Enrique Ortíz afirmó que de los 513 proyectos de cooperación técnica internacional registrados para 2024, 106 recibían financiamiento de Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 20 %.
En opinión de un funcionario del Ministerio Público que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar del tema, el financiamiento estadounidense deja un vacío en Perú, cuyo gobierno parece estar perdiendo la lucha contra el crimen.
La lucha antidrogas en Perú, el segundo productor de cocaína del mundo, también recibió por años el apoyo del financiamiento de Estados Unidos en programas de desarrollo alternativo que buscan brindar a los agricultores opciones económicas viables para que abandonen el cultivo de coca.
Estos programas han servido para la promoción de cultivos lícitos como el cacao y el café, el desarrollo de capacidades productivas y el acceso a mercados. Por ejemplo, el proyecto Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS) ha brindado asistencia técnica y financiera a agricultores para la producción de café y cacao, facilitando su acceso a mercados nacionales e internacionales.
En cuanto al fortalecimiento del sistema de justicia peruano en la lucha contra los delitos ambientales, el apoyo económico estadounidense ha permitido hasta ahora la capacitación de jueces, fiscales y policías en materia ambiental.
Gonzalo Yturríos, experto en desarrollo alternativo y director de la División de Agricultura Sostenible y Cambio Climático de la consultora Recursos SAC, no es optimista de cara al futuro.
“La siembra de coca ilegal y de producción cocaína han crecido a 90.000 hectáreas en menos de 6 años, cuando llegamos a tener solo 40.000 hectáreas. Con la crisis política y con presidentes que alentaron abiertamente la ilegalidad, esto se ha disparado", expresó.
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