Dilan Cruz se desplomó ante los ojos de la multitud. Fue impactado por un artefacto que disparó, directo a la cabeza, un policía de armadura negra. Su muerte quedó grabada, y Dilan es ahora símbolo de una causa: la disolución de la fuerza especial que reprime las protestas en Colombia.
En una semana de manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) concentra la ira de los jóvenes que están en las calles, a raíz de lo ocurrido con su compañero de 18 años, herido por un agente de ese cuerpo policial el sábado.
“Dilan no murió, a Dilan lo mataron”, cantaron los manifestantes al ritmo de cacerolas apenas el hospital que lo atendía emitió el último parte médico, en la noche del lunes.
Ese día debía graduarse de bachiller, pero se convirtió en la cuarta víctima mortal de protestas contra el gobierno, que dejan además 500 heridos entre civiles, policías y militares.
Desde entonces en las calles se clama por la disolución del Esmad, la fuerza especial creada hace 20 años para controlar disturbios, multitudes y bloqueos.
Antes, eran los militares y otros cuerpos policiales los responsables de esa tarea bajo el estado de excepción que regía regularmente en el país ante la explosión de grupos guerrilleros en los sesenta.
El Esmad ha sido cuestionado desde su origen por sus excesos. “En esta última manifestación (…) la actuación ha sido totalmente desmedida”, dice a la AFP la abogada Daniela Rodríguez, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Defensoría del Pueblo (ómbudsman) denunciaron el uso excesivo de la fuerza del Esmad durante las marchas que comenzaron el 21 de noviembre.
Colombia se subió al tren del descontento social que recorre el continente tras los estallidos en Ecuador (10 muertos), Bolivia (33 muertos) y Chile (23 muertos).
El país que por medio siglo gravitó en torno al conflicto armado con las FARC, la guerrilla que firmó la paz hace tres años, se abre a una nueva realidad: la de la presión social sin el estigma de la subversión.
¿No letal?
Dilan Cruz cayó malherido en el centro de Bogotá y su agonía quedó registrada en videos de celular que circularon en redes sociales. Un hilo de sangre corría por el pavimento.
“¿Qué es eso?”, se oye decir a espaldas de los paramédicos. Un objeto envuelto en un tela blanca quedó incrustrado en el cráneo del estudiante.
La autopsia reveló este jueves que su muerte fue a causa de perdigones de plomo conocidos como “bean bag”, disparados por una escopeta calibre 12. La misma munición ha sido usada por los Carabineros en Chile, según HRW.
El agente del Esmad implicado fue “separado de sus funciones”, según el director de la policía, el general Óscar Atehortúa.
Conocidos popularmente como ‘robocops’, los casi 3.600 efectivos del Esmad no están autorizados a portar armas de fuego durante manifestaciones y disturbios.
En teoría sus armas y municiones no son letales y entre ellas se cuentan granadas químicas, fumígenas y de aturdimiento, escopetas calibre 12, además de fusiles lanzagases, dispositivos de shock eléctrico, animales entrenados y bengalas, según el estudio Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina, realizado por varias organizaciones no gubernamentales de la región.
Sin embargo, cifras independientes citadas en esa investigación dan cuenta de 13 muertes por acción del Esmad entre 2002 y 2014. Otros estudios elevan a 20 los fallecidos hasta la fecha, pero “el Esmad no reconoce ninguna muerte”, según la ONG Temblores.
También se han reportado “pérdidas de visión, audición y lesiones físicas”, pero que “son imposibles de determinar ante la ausencia de cifras públicas”, señala el estudio Monitor.
Comparado con México, Brasil y Venezuela, Colombia tiene los “datos más bajos de uso de fuerza letal”, dice a la AFP Jerónimo Castillo, coautor de la investigación y experto en seguridad de la Fundación Ideas para la Paz.
Impunidad
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que el policía que mató al estudiante disparó un arma “menos letal” permitida por convenciones internacionales.
Esperamos que “la investigación continúe, que las autoridades competentes precisen, identifiquen las circunstancias de modo, tiempo y lugar” para que se “deriven las responsabilidades correspondientes”, añadió.
Solo este año han sido investigados 2.327 miembros del Esmad por presuntos excesos de fuerza, según el general Atehortúa.
Pero la especialista Rodríguez asegura que las sanciones que se aplican “son completamente irrisorias”. “El nivel de impunidad en relación con la responsabilidad de la fuerza pública es muy alto”, asegura la vocera del Movice.
El Esmad no es un cuerpo autónomo, sino que depende de autoridades civiles. El militar en retiro y analista Carlos Alfonso Velásquez plantea revisar las “responsabilidades” de la cadena de mando, incluidos el ministerio de Defensa y la Presidencia.
“El Esmad está desgastado. Hay que recogerlo, reentrenarlo, relevar gente y renovarlo (…) Pero no puede seguir así”, señaló.
