La reciente escalada en los enfrentamientos entre grupos armados en Colombia ha intensificado la crisis humanitaria en varias regiones del país y parece alejar el fin de un conflicto interno que desangra por más de medio siglo al país.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo alerta sobre 11 focos de violencia activos que amenazan a comunidades enteras, atrapadas en medio del fuego cruzado de guerrillas y bandas criminales, las cuales se han reconfigurado internamente y han aumentado el número de efectivos.
El conflicto se ha intensificado en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, La Guajira, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba, Tolima, Putumayo, Norte de Santander y en una amplia zona del Magdalena Medio, que abarca varias localidades del valle central colombiano.
Las Fuerzas Armadas del Estado se enfrentan a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), varias facciones disidentes de las desaparecidas FARC que rechazaron o abandonaron el acuerdo de paz de 2016 y al Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, la mayor banda criminal integrada por paramilitares.
Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla y especialista en el conflicto armado en Colombia, explicó que los ceses el fuego establecidos en las diferentes mesas de negociación, en el marco de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, han servido para que estos grupos ilegales “concentren” todos sus recursos criminales para enfrentarse entre sí por el control territorial.
“Eso les produjo a los grupos armados una ventaja, y es que los libera de enfrentarse al mayor enemigo en capacidad militar, que es el Estado. Lo que estamos viendo en distintas partes de Colombia es un cambio de una guerra que antes era vertical, entre grupos y el Estado, y ahora lo que tenemos son muchas guerras horizontales solo entre grupos ilegales”, señaló Trejos a la Voz de América.
Los grupos armados se han transformado
Human Rights Watch (HRW ) precisó que los grupos armados han aumentado su presencia en más de la mitad de los 1.103 municipios del país y han adoptado nuevas formas de violencia para alcanzar un mayor control territorial.
De acuerdo con HRW, el ELN aumentó en un 23 % su presencia territorial, y las disidencias en un 30 %, respectivamente, al tiempo que el Clan del Golfo alcanzó un 55 % de expansión.
Mientras esto ocurre, también aumenta el reclutamiento forzado de niños, los desplazamientos y el confinamiento de comunidades que quedan en medio de los combates.
Según Trejos, tras la desmovilización de las FARC en 2016, se generó un vacío territorial en estas zonas donde operaba la desaparecida guerrilla y que han sido ocupadas desde 2018 por otros grupos rebeldes.
“Este es un proceso que arranca desde la administración de Iván Duque (2018-2022). Desde ahí comienza el crecimiento de los grupos y, lastimosamente, el gobierno del presidente Petro no logra atenuarlo, sino que, por el contrario, se terminaron profundizando los procesos de expansión y de crecimiento en hombres y en armas por parte de estas organizaciones armadas”, dijo.
En ese orden, los grupos se han transformado con el objetivo de consolidarse de forma regional, sin ningún interés en enfrentarse directamente a las fuerzas armadas del Estado, indicó Luis Fernando Quijano, analista e investigador en conflicto armado en Colombia.
“Los grupos se están multiplicando. Hoy vemos disidencias de las FARC reconfigurándose y, al mismo tiempo, otras estructuras que están reconfigurando un nuevo mapa de violencia en el país”, comentó.
“Con esta nueva reconfiguración por la disputa y control de un territorio en particular, y no de alcance nacional, el mapa que revela la Defensoría del Pueblo con 11 puntos críticos de violencia muestra un panorama complejo de recrudecimiento del conflicto, siendo el más fuerte en el Catatumbo y con un paro armado en Chocó, que nos demuestra que el ELN deja ver su fuerza. Parece que es muy fuerte en estos territorios, porque donde hace paro armado, la gente acata esas órdenes”, agregó.
Los expertos señalaron que el gobierno debe tener una mejor ruta para evitar que escalen las confrontaciones bélicas entre los grupos armados, como las que se viven en el Catatumbo, - donde se han visto afectadas más de 80.000 personas-, y la reciente en el Chocó, en el noroeste de Colombia, donde un paro armado del ELN afecta a más de 2.000 familias.
“Hay que entender que paz y seguridad no son dos temas excluyentes, sino que, por el contrario, son dos caras de la misma moneda. No puede haber paz si no se les garantiza seguridad a los habitantes de los territorios en los cuales se están adelantando este tipo de negociaciones. Ojalá se extraigan enseñanzas y aprendizajes de un conflicto armado que está cambiando, con guerras aisladas que van a demandar estrategias de paz y seguridad a la medida de cada conflicto en cada territorio”, sostuvo Trejos.
Por su parte, Quijano apuntó que ante la oleada de violencia como la que comenzó este año en Colombia, el gobierno colombiano debe recomponer sus estrategias y lograr un consenso para la paz, evitando así el surgimiento de estructuras más poderosas.
“Se necesita un gran consenso para la paz y dejar la cuota inicial para que, en los próximos años, en estas zonas donde se han consolidado estos grupos, se logre la pacificación territorial”, concluyó.
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