La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó el miércoles a 39 militares y dos civiles por su responsabilidad en la desaparición forzada y posterior asesinato de 442 civiles presentados falsamente como guerrilleros muertos en combates en medio del conflicto armado de Colombia.
Se trata de una de las principales acusaciones formales por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales del Ejército Nacional, en medio de las investigaciones por los denominados falsos positivos o asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Para la JEP, los acusados, incluido el general en retiro Óscar Enrique González, excomandante del ejército, "adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado" durante operaciones entre los años 2004 y 2007 en el departamento de Antioquia, donde lideraron una política de facto de "conteo de cuerpos".
El tribunal dijo que también "documentó casos de combatientes de grupos armados que, tras rendirse o quedar fuera de combate por ser capturados o heridos, fueron ejecutados y presentados como bajas en combate".
La JEP reveló que al menos a 6.402 personas fueron asesinadas en Colombia por efectivos del Ejército y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008 a cambio de beneficios que incluían permisos, vacaciones, condecoraciones, ascensos y comisiones al exterior.
Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves a las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinaria.
Si los militares acusados no aceptan los cargos podrían recibir una sentencia de hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria.
La JEP es parte del acuerdo de paz firmado en el 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permitió la desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde, aunque algunos rechazaron el pacto y continúan la lucha armada contra el Gobierno.
El tribunal tiene facultades para imponer penas más leves a las ordinarias a cambios de verdad, justicia, reparación y no reparación.
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