Reporteros sin Fronteras, una organización internacional de defensa de la libertad de expresión, sostuvo en una carta dirigida al presidente ecuatoriano Rafael Correa que la indemnización de $40 millones de dólares que exige al diario El Universo es “una verdadera incitación a la autocensura”.
La organización dijo que Correa “no puede esperar crear una nueva situación de pluralismo en su país y promover un equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación” si persiste en “replicar de forma tan extrema e intransigente ante la menor crítica que recibe de la prensa”.
El pasado 20 de julio un juez dictaminó tres años de prisión y el pago de $40 millones de dólares para el periodista Emilio Palacio, el director de El Universo, Carlos Pérez, y los subdirectores César Pérez y Nicolás Pérez, al fallar en una demanda por injuria presentada por Correa en marzo.
La querella fue en respuesta a un artículo titulado “No a las mentiras", publicado el pasado 6 de febrero por Palacio y que el presidente consideró como una “injuria” contra su persona.
Al respecto, Reporteros sin Fronteras (RSF) dijo en su carta que comprende que Correa “se haya sentido herido personalmente por la terrible acusación de ‘crímenes de lesa humanidad’” formulada contra el mandatario tras la sublevación policíaca del 30 de septiembre de 2010.
Pero la organización recordó que “este sublevamiento nunca fue apoyado ni alentado por una prensa crítica o de oposición” al gobierno de Correa, “como ha sido el caso en otros países del continente”.
RSF pidió a Correa que los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 no sirvan “de ninguna manera para justificar la hostilidad sistemática contra una parte de la prensa que, aunque ya existía antes, se ha acentuado desde entonces”.
En la carta, firmada por Jean-François Julliard, secretario general de RSF, también se le pide al mandatario ecuatoriano que resuelva rápidamente algunos retos a la libertad de expresión en el país.
Entre esos retos argumenta que “la atribución o la confiscación discrecional de las frecuencias por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no es aceptable”. En ese sentido, la organización dijo que se sorprendió el 8 de agosto pasado con la “suspensión unilateral de la concesión asignada a la estación de televisión pública amazónica Telesangay”.
RSF también pide a Correa que en su intento de llevar a cabo una desconcentración de los grupos mediáticos para garantizar más pluralismo, también garantice que haya independencia en los medios de comunicación.
“¿Qué sucederá con los 12 medios de comunicación – además de los 7 con estatus público - que fueron incautados últimamente por el Estado? ¿Qué autonomía se les concederá a fin de cuentas? El pluralismo se adaptaría mal a un oligopolio mediático de Estado establecido en lugar de un oligopolio privado y comercial”, sostiene RSF.
La organización instó además que no persista el “clima de enfrentamiento o de odio” en los mensajes oficiales del gobierno que responden a editoriales desfavorables.
Según RSF, “en el mes de julio de 2011 el organismo de Participación Ciudadana calculó en unos $163.000 dólares la cantidad invertida por la Presidencia de la República en más de una hora acumulada de mensajes o comunicados (a menudo muy agresivos)”.
“El contrapoder de la prensa –o de las ONG– no es forzosamente el ‘enemigo’ de usted. Por ello le enviamos estas recomendaciones. Esperando obtener una respuesta de su parte, le envío señor presidente mis saludos más cordiales”, concluyó en la carta Jean-François Julliard, secretario general de RSF.
