Un panel de tres magistrados de una corte federal de apelaciones dio inicio a audiencias sobre una polémica ley migratoria promulgada por el estado de Arizona y cuya constitucionalidad es impugnada por el gobierno de Estados Unidos.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, radicada en San Francisco, California, comenzó a escuchar los argumentos de ambas partes después del fallo de una jueza que suspendió partes de la ley, un dictamen apelado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.
Entre las clausulas más polémicas anuladas por la jueza Susan Bolton, de Phoenix, figura una que obligaba a la policía a preguntar a las personas sobre su estatus migratorio ante la sospecha de que pudieran estar de manera ilegal en el país.
El gobierno del presidente Barack Obama sostiene que la ley SB1070 de Arizona viola la supremacía de la Constitución en tanto que la política migratoria de EE.UU. es una prerrogativa federal y no estatal.
Cuando fue promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora Brewer, organizaciones pro-inmigrantes y defensoras de los derechos civiles pusieron el grito en el cielo por considerar que la medida alienta la discriminación racial.
Algunos simpatizantes de la ley pidieron la adopción de medidas similares en otros estados, mientras que sus detractores además de interponer demandas para su derogación propusieron declarar un boicot económico contra Arizona.
Las autoridades federales han subrayado que les preocupa el impacto negativo de la ley en cuanto al respeto a las libertades civiles.
La Corte de Apelaciones debe determinar si mantiene el dictamen de la jueza contra cláusulas cruciales de la ley, como la de requerir a los inmigrantes que porten documentos para probar su estatus legal en el país.
Una versión reducida de la SB 1070, sin sus partes más controversiales, entró en vigor el pasado 29 de Julio en Arizona.
