La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una polémica ley del estado de Arizona que sanciona a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados, amenazándolas incluso con el cierre.
Grupos de derechos civiles temen que la decisión aliente la adopción de más leyes contra los inmigrantes ilegales, ya que otros ocho estados han impulsado ya medidas similares.
Los magistrados del Tribunal Supremo rechazaron por 5-3 votos los argumentos expuestos por el gobierno del presidente Barack Obama, de que la aplicación de leyes migratorias es sólo facultad de las autoridades federales.
El fallo sostiene que "las medidas de supresión de una licencia (a empresas en Arizona) no entran en conflicto con la ley federal", y que la legislación sobre inmigración votada en 1986 por el Congreso reserva el derecho a los estados de imponer sanciones a los empleadores que contratan a trabajadores ilegales.
La decisión de apoyar la legislación, que obliga a los negocios a utilizar el programa federal E-verify para revisar el estatus migratorio de los nuevos empleados, fue calificada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, como una "victoria" para ese estado.
Se trata del primer fallo dictado por la Corte Suprema sobre un grupo de leyes contra los inmigrantes ilegales impulsadas por Arizona, entre ellas la SB 1070, que criminalizaba la inmigración ilegal, pero que fue suspendida por un tribunal federal.
La gobernadora Brewer declaró a principios de este mes que pedirá a la Corte Suprema anular las restricciones contra la SB 1070 dictadas por la jueza Susan Bolton en Phoenix en julio de 2010.
