El Senado de Arizona aprobó la primera fase de la ley que imposibilitaría a los indocumentados encontrar trabajo y conseguir vivienda en el sistema público del estado.
La decisión representa un primer paso de un proyecto de ley más amplio en torno a la inmigración indocumentada que podría ser sometido a consideración esta misma semana.
Una de las partes del proyecto obligaría a los solicitantes de vivienda en el sistema público a demostrar que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Del mismo modo, contempla el desalojo de los propietarios que permitan vivir a indocumentados en una casa obtenida a partir del sistema público.
El segundo presupuesto impide a las personas sin posibilidad de demostrar que están legalmente en Estados Unidos que consigan la tarjeta estatal de verificación dactilar de antecedentes, requerida para muchos permisos de trabajo.
El presidente del Senado, Russell Pearce, patrocinador del proyecto más extenso, prevé la aprobación para esta y otras medidas pendientes sobre la inmigración en relación con la ciudadanía y el ingreso a hospitales.
Pearce, miembro del Partido Republicano, ya auspició una controvertida iniciativa de ley en 2010 que endurece las acciones legales contra la inmigración indocumentada en el estado, cuyas principales disposiciones fueron suspendidas por la jueza federal Susan Bolton.
La nueva propuesta abarca también medidas para obligar a los padres de estudiantes a demostrar la ciudadanía de sus hijos, prohíbe conducir vehículos a los indocumentados y les impide asistir a universidades públicas y comunitarias.
Ante las primeras críticas, se ha convocado una audiencia para que la legislatura de Arizona presente argumentos para defender sus leyes anti-inmigración ante la impugnación del gobierno federal a esas legislaciones.
