Al menos 26 candidatos han sido asesinados previo a las elecciones locales previstas para el 29 de octubre, cuando se espera que los colombianos vayan a las urnas para elegir a 1.102 alcaldes y 32 gobernadores, así como diputados, concejales y ediles.
De acuerdo con datos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), también otros 106 candidatos han sido amenazados y al menos 20 fueron víctimas de un atentado. A su vez, Pares reportó que unos 152 candidatos han sido víctimas de hechos de violencia relacionados con el proceso electoral.
Las alertas ante el riesgo de violencia de estos comicios sirven como un recordatorio de que Colombia aún tiene que superar sus más de seis décadas de conflicto armado, incluso cuando la nación sudamericana logró, en 2016, un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que logró el desarme de 13.000 hombres.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad que vigila y promueve la defensa de los derechos humanos en el país, 399 de los 1.102 municipios y ciudades tienen un alto riesgo de vivir hechos de violencia por parte de grupos armados ilegales que podrían impactar los comicios.
El largo y violento conflicto armado dejó casi medio millón de muertos y más de nueve millones de víctimas. El actual gobierno del presidente Gustavo Petro intenta desmontar todas estas estructuras armadas ilegales a través de su política de paz total.
Elecciones históricamente violentas
La Voz de América consultó a expertos y analistas que coinciden en señalar que, pese a los hechos de violencia que podrían “amenazar” con la realización de las elecciones, la situación en materia electoral ha mejorado en comparación con las décadas de 1990 y 2000, cuando grupos paramilitares y las guerrillas secuestraban y desaparecían candidatos.
“Infortunadamente lo que estamos viendo hoy es que están confluyendo una serie de variables que empiezan a generar un mayor miedo de ambiente electoral. Hoy tenemos un grave problema sobre el incremento de las estructuras armadas organizadas en Colombia que se ha venido dando durante los últimos 5 años, no solamente durante este gobierno”, dijo a la Voz de América, Esteban Salazar, coordinador de democracia y gobernabilidad en Pares.
“Lo que vemos es una serie de hechos con diferentes variables que son preocupantes, pero que se vienen presentando prácticamente desde procesos electorales como los de 2014, 2015, 2018, 2019 y 2022, pero llegar al punto de manifestar que no se puedan llevar a cabo las elecciones es falso, porque la fuerza pública ha manifestado que están dadas las condiciones para que se puedan desarrollar las elecciones”, agregó.
Para Eugénie Richard, politóloga y docente de la Universidad Externado, aunque las elecciones de autoridades locales siempre han estado marcadas por múltiples episodios de violencia, no se puede desconocer que el incremento de las estructuras armadas en el país pueden poner en riesgo estos comicios en algunas regiones.
“No es algo nuevo, en Colombia siempre han existido estos problemas de violencia en procesos electorales; sin embargo, este año podrían verse en algunas zonas episodios de mayor violencia por algunas fuerzas armadas que se están disputando el poder en algunas regiones como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN”, explicó a la VOA, Richard.
Arauca, Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander), son algunas de las zonas con mayor riesgo. De los 399 municipios, 113 están en riesgo extremo, 184 en medio y 93 en bajo.
“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El presidente Petro dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que “no hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional. Heredamos una violencia innecesaria por "hacer trizas la paz" pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará”.
¿Quiénes están detrás de la amenaza?
De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, los municipios que presentan un alto riesgo electoral coinciden con la alta presencia de grupos armados como El Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país y al que también se le conoce como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con presencia en 392 municipios.
También la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo con el que el gobierno colombiano mantiene negociaciones de paz y con el que anunció un cese bilateral al fuego. Tiene una fuerte presencia en 231 localidades en 19 departamentos.
En tanto, el Estado Mayor Central (EMC), el grupo disidente de las antiguas FARC que no se acogió a la firma de paz, tiene presencia en 234 municipios. La Segunda Marquetalia, que lidera “Iván Márquez”, opera en 65 municipios.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), el periodo preelectoral del 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país, donde se ha registrado un aumento de 37.3 % en la violencia respecto del 2019.
En los territorios donde hay disputas y donde los grupos armados ya cuentan con el control territorial hegemónico, se están generando mensajes intimidantes para intervenir en las elecciones y apoyar candidaturas. En ese sentido, para la politóloga Eugénie Richard, el panorama más fuerte se presentará el mismo día de las elecciones.
“Lo que podemos esperar para el día de las elecciones es que hay varios candidatos o electores que no puedan salir de casa porque van a estar amenazados por los grupos al margen de la ley. Significa que no van a poder ejercer su derecho soberano o al contrario que los grupos al margen de la ley, presione las poblaciones locales para transportarlos para votar por el candidato de ellos, porque estamos viendo que también los grupos al margen de la ley tienen sus propios candidatos en las regiones y entonces van a intimidar a la población para que voten para estas fuerzas que ellos están intentando posicionar en el poder”, afirmó.
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Otros hechos de violencia
De acuerdo con la Fundación Pares, la violencia electoral en la nación andina no sólo está ligada al conflicto armado interno, sino también obedece a otras dinámicas ligadas a la corrupción política.
Para Pares, la violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, esta se ata no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas.
En ese sentido, en muchos casos los hechos de denuncias por este tipo de violencia no se logran establecer cuáles son los actores o grupos que cometen estos actos.
“La violencia político electoral contra candidatos, denunciantes de corrupción y funcionarios públicos se da incluso en departamentos donde no se tienen escenarios de disputas armadas, allí se han identificado estos tipos de violencia dirigida principalmente contra candidatos políticos”, comentó a la Voz de América Esteban Salazar, Coordinador de democracia y gobernabilidad en Pares.
“Esta es una violencia política de carácter dirigido, que es diferente a un riesgo solo por la presencia de estructuras armadas ilegales, teniendo en cuenta que en Colombia la violencia es un mecanismo más de competencia, esto implica que hay clanes políticos, hay oficinas de sicariato, hay miembros de partidos políticos que utilizan franquicias para generar amenazas, esa es una participación dirigida a sectores específicos y es sectorizada que se da incluso en departamentos donde no hay presencias de estructuras armadas ilegales”, señaló Salazar.
Por último, para la MOE, aunque “algunas” instituciones han emitido alertas que “ponen” en duda la realización de los comicios por motivos de seguridad, el país tiene la “experiencia en desarrollar procesos electorales” en medio de escenarios de violencia pasados que “debe” poner en práctica para garantizar la seguridad en el proceso de votaciones el día que los colombianos acudan a las urnas en dos meses.
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