Estados Unidos anunció hace cuatro días la adopción de sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a otras seis firmas extranjeras por hacer negocios con Irán y apoyar su sector energético, lo que viola restricciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU al comercio con ese país, que persiste en desafiar a la comunidad internacional con un programa de desarrollo nuclear al que muchos atribuyen fines militares.
Washington había advertido que aplicaría sanciones a aquellas empresas que violaran tales restricciones, y aunque el presidente Hugo Chávez estaba sobre aviso, el gobierno venezolano reaccionó como ha solido hacerlo desde hace una década con EE.UU., exacerbando sentimientos pretendidamente nacionalistas y amenazando con tomar represalias.
Aunque el ministro de Energía de Venezuela, Rafael Ramírez, dijo en octubre de 2010 que PDVSA había suspendido el envío de combustibles a Irán, al dar a conocer las sanciones, el Departamento de Estado aseguró que la petrolera venezolana envió a ese país por lo menos dos cargamentos de productos refinados de petróleo por valor de unos $50 millones de dólares, entre diciembre de 2010 y marzo de 2011.
Las sanciones aplicadas a PDVSA le impiden competir por licitaciones para suscribir contratos con el gobierno estadounidense, recibir financiamiento del Banco de Importaciones y Exportaciones de EE.UU., y obtener licencias de exportación de tecnología sensible. Sin embargo, no afectan unas 16 licencias ya en ejecución, destinadas principalmente a la importación de equipos y piezas para la deteriorada red venezolana de refinerías.
Una vez transcurridas 48 horas del anuncio, el ministro Ramírez declaró a la prensa que a pesar de los pesares Venezuela seguirá suministrando a EE.UU. el petróleo que le vende, que según cifras oficiales llega a 1.200.000 barriles diarios, aunque de acuerdo con otras fuentes sería menos, entre 900.000 y 1.000.000 de barriles.
Ramírez minimizó el impacto de las sanciones y recordó que tras la llegada de Chávez a la presidencia en 1999, el gobierno adoptó una política de diversificación. “Nosotros hemos trabajado para no depender de ellos (EE.UU.)”, dijo el ministro en un discurso dirigido a los trabajadores de la petrolera trasmitido por la televisión estatal.
Sin embargo, el petróleo que Venezuela vende a empresas de EE.UU.—y mayormente a su propia firma en este país, CITGO, una filial de PDVSA-- es el único que en verdad se paga con ingresos contantes y sonantes, ya que el que se envía más por razones políticas que económicas a países como China, Cuba, Bolivia y Nicaragua, no genera ganancias.
De ahí que expertos en la materia como Max Alvarez, distribuidor de CITGO en EE.UU., son escépticos a la hora de pensar que el gobierno de Chávez pueda eliminar sin enormes perjuicios el suministro de petróleo a los estadounidenses, porque se trata de un negocio “muy lucrativo”.
Los números hablan con elocuencia: de cada $100 dólares que Venezuela ingresa por sus exportaciones $95 dólares provienen del petróleo, y de todo el crudo que vende, al menos el 45 por ciento tiene como destino EE.UU.
Las ventas de crudo venezolano a EE.UU pueden haber ido disminuyendo en los últimos años a medida que Chávez intentó diversificar sus fuentes de financiamiento, aumentó las ventas de petróleo a sus aliados y como dijo Ramírez buscó apoyo financiero no sólo de China, sino también de Brasil, Japón, y Corea del Sur.
Pero los lazos económicos entre Washington y Caracas, además del factor petróleo, siguen siendo todavía mucho más fuertes de lo que el presidente Chávez quisiera: el 26 por ciento de las importaciones de Venezuela provienen de EE.UU, y sólo en el primer trimestre de este año ascendieron a más de $2.400 millones de dólares, en bienes y servicios.
Hasta ahora los deseos de Chávez no han bastado para romper lazos económicos tan provechosos que además de beneficiar a los venezolanos engrosan, paradójicamente, las arcas de su propio gobierno, aunque de persistir en su política de fomentar pactos y alianzas peligrosas con otros regímenes como el iraní, el buen futuro de esas relaciones se hace verdaderamente muy incierto.
De ahí que algunos analistas adviertan que las sanciones impuestas esta semana a PDVSA no excluyen necesariamente la posibilidad de otras más severas en el futuro contra el gobierno venezolano . Según Horacio Medina, ex gerente de PDVSA podrían ser “el primer eslabón de una serie de medidas de EE.UU., por múltiples situaciones que se están viviendo en Venezuela bajo el régimen de Chávez”.
