La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó dos proyectos de ley dirigidos a contener la inmigración ilegal, una prioridad clave para el gobierno del presidente Donald Trump, que cabildeó por las medidas subrayando que los inmigrantes indocumentados son una amenaza para la seguridad pública y nacional.
Una de las legislaciones recortaría los fondos a las autoproclamadas ciudades "santuario" que ofrecen refugio a residentes perseguidos por las autoridades de inmigración federales, la otra impondría castigos más severos para la gente que reingresa al país ilegalmente.
La medida contra los ciudades santuario fue aprobada por 228 a 195 votos, la propuesta para castigar a deportados fue aprobada por 257 a 167.
Trump condenó la inmigración ilegal a lo largo de su campaña presidencial y su apoyo a políticas más estrictas de inmigración es crucial para sus más ardientes seguidores.
Durante el debate, el legislador Bob Goodlatte, republicano por Virginia y presidente de la Comisión Judicial del Senado, dijo que las dos legislaciones ayudarían a "evitar las trágicas circunstancias que han afectado las vidas de la gente que estuvo (el miércoles) en la Casa Blanca, hablando en nombre de sus seres queridos", muertos a manos de criminales indocumentados.
Los demócratas dijeron que las propuestas de ley fueron medidas para sentirse bien que intentan aparentar que los legisladores son duros contra el crimen.
"No estamos haciendo calcomanías para autos, estamos haciendo leyes", dijo la legisladora Zoe Lofgren, demócrata por California.
Ella y otros colegas de su partido dijeron que la medida de las ciudades santuario solo buscaba "decirle a la gente cómo debe proteger sus ciudades" y decir a las autoridades locales que "nosotros en Washington D.C., sabemos más que ustedes".
El inspector general de Departamento de Justicia ha identificado a California y otras grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Filadelfia como locales con barreras al compartimiento de información entre la policía y las autoridades de inmigración locales.
La Casa Blanca advirtió a nueve ciudades a fines de abril que podrían perder fondos federales para la policía a menos que documenten la cooperación.
Kelly cabildeó por las medidas
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, llegó hasta el Congreso el jueves para presionar a los legisladores a votar en favor de las dos legislaciones para atacar la inmigración ilegal.
Kelly remarcó por qué es importante mantener alejados a los inmigrantes que han cometido crímenes fuera de las comunidades.
“Las ciudades santuario se suponen que son lugares seguros, pero para muchos, para familiares que han perdido a sus seres queridos no lo son y hacen a nuestras comunidades menos seguras”, dijo el secretario John Kelly.
El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se refirió a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido por un acto criminal cuyo autor es un inmigrante indocumentado que en muchos casos es reincidente.
"Cuando una jurisdicción santuario no colabora con un oficial de la Policía de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés), y envía a un criminal otra vez a la calle, ello no significa que ICE deja de buscar a la mala persona, sino que se ve obligado a trasladar sus operativos desde los confines seguros y privados de una cárcel, a los vecindarios, negocios y otros lugares públicos. Eso es mucho mas peligroso para el público que respeta la ley y para mis oficiales”, indicó John Kelly.
Durante su breve discurso ante miembros de la Cámara de Representantes, el secretario Kelly hizo referencia a la reunión que sostuvieron el miércoles en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y familiares de víctimas de este tipo de situaciones.
Kelly también describió los dos proyectos de ley que cuentan con el apoyo de la Casa Blanca y el presidente Donald Trump. Uno es la “Ley de No Santuario para Criminales” y la “Ley Kate”, la cual lleva el nombre de Kate Steinle, quien fue asesinada por un inmigrante indocumentado que había sido deportado cinco veces y tenía en su récord siete condenas por igual número de delitos previos.
“Arrestar a un criminal es siempre la mejor opción”, remarcó el secretario Kelly. “Estos dos proyectos de ley ayudarán a los agentes de inmigración a hacer cumplir las leyes y mantener seguras nuestras comunidades”, agregó.
Según la Casa Blanca, una reciente encuesta realizada por Harvard-Harris, el 80 por ciento de los estadounidenses apoyan acabar con la práctica de las ciudades santuario que se nieguen a entregar a las autoridades federales a los inmigrantes indocumentados que han cometido un delito.
Bajo la “Ley de No Santuario para Criminales” los estados y localidades que se nieguen a seguir la ley federal dejarían de recibir fondos del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional.
Por el contrario, las jurisdicciones que decidan acatar lo que dice la ley recibirían más fondos para sus operaciones.
Los que se oponen a ambos proyectos de ley consideran que sólo discriminan a los inmigrantes y que lejos de buscar la seguridad en las comunidades promueven el odio y la división.
