El gobernador del sureño estado de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario y amenaza con multas y cargos criminales a los departamentos de policía y oficiales que se rehúsen a cumplir con órdenes de agentes federales de inmigración.
“Texas apoya enérgicamente la inmigración legal que ha sido parte de nuestro estado desde nuestro mismo comienzo. Pero la inmigración legal es diferente de dar refugio a personas que han cometido peligrosos crímenes”, dijo el gobernador.
Agregó que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley “no tienen derecho a elegir qué ley obedecer o no”.
La legislatura de Texas, dominada por los republicanos, aprobó la ley la semana pasada en contra de las objeciones de los demócratas, grupos de derechos civiles y una organización de jefes de policías que representan las ciudades más grandes del estado. La ley entrará en efecto el 1 de septiembre.
La medida permitirá que la policía pregunte a la gente sobre su estatus migratorio si han sido legalmente detenidos. También obliga a los jefes de policía y sheriffs en Texas cumplir con los pedidos de detención hechos por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Los oficiales que no cumplan podrían enfrentar cargos delictivos o ser despedidos. Los departamentos enfrentan multas de hasta 25.000 dólares por día.
Oponentes a la ley dicen que pone a la población hispana del estado en riesgo de perfil racial, y que hay un creciente riesgo de que víctimas no reporten crímenes por temor a que ellos o sus familiares pudieran estar sujetos a interrogatorios sobre su estatus migratorio.
David Pughes, jefe de Policía interino de Dallas, y Art Acevedo, jefe de Policía de Houston, escribieron un editorial conjunto en el Dallas Morning News donde dicen que la medida pone más funciones en los limitados recursos policiales y equivale a “alcahuetería política” en lugar de una efectiva reforma de inmigración.
El presidente Donald firmó una orden ejecutiva el mes pasado amenazando con cortar fondos federales a los gobiernos locales que rehúsen cooperar con las autoridades de inmigración para detener a inmigrantes indocumentados arrestados en casos criminales. Sin embargo, un juez federal bloqueó la orden. Mientras tanto continúan los desafíos legales contra la medida.
