La presidenta peruana Dina Boluarte dijo el lunes que la fiscalía y la “mala prensa” buscan desestabilizar a su gobierno tras el allanamiento a la casa del ministro del Interior, quien es investigado por presunto abuso de autoridad y criticado por sectores que lo consideran ineficiente en la lucha contra las extorsiones.
Un gremio periodístico local calificó los comentarios de Boluarte como el más grave ataque a la prensa desde el inicio de su gestión en diciembre de 2022.
“La fiscalía está jugando en pared con esta mala prensa para dar un ‘golpe de estado blanco’, ahora los golpes de estado ya no vienen desde el Ejército, si no desde el Ministerio Público”, señaló Boluarte durante una actividad pública.
Refirió que algunas televisoras locales repiten noticias “así sean falsas” y luego la fiscalía inicia una investigación y allana la casa de los indagados. Agregó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, "no ha tenido descanso en las noticias” desde que asumió en 2024 y que el alto funcionario seguirá en el cargo.
Antes de ser ministro, Santiváñez había sido abogado de policías en problemas, uno de ellos condenado por integrar un grupo criminal dedicado a la extorsión y tráfico de terrenos.
Las críticas de Boluarte son las mayores conocidas contra el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Delia Espinoza, cuyo despacho investiga a la presidenta en seis casos, en uno como presunta responsable del asesinato de manifestantes durante las protestas que buscaban su renuncia entre 2022 y 2023.
The Associated Press solicitó comentarios a la fiscalía, pero no obtuvo una respuesta al momento.
La Asociación Nacional de Periodistas de Perú dijo en un comunicado que las declaraciones de la presidenta también constituyen “el más grave ataque de Boluarte contra los medios y el periodismo desde que asumió funciones... no solo profundizan su historial de ataques y estigmatizacion contra el periodismo, sino que marcan una peligrosa escalada al señalar a los medios como cómplices de un atentado contra el Estado de Derecho”.
El año pasado se difundió por la prensa unos audios grabados por un policía amigo del ministro del Interior en los que el funcionario le pide supuestamente al policía que vigile a un periodista de investigación peruano. En otros audios posteriores difundidos por la defensa legal del policía, se escucha a la supuesta voz del ministro indicando que la mandataria le ha pedido que desactive un grupo policial que investigaba a políticos corruptos.
El ministro ha descartado que la voz sea suya, pero se ha negado a realizar un examen de voz y no ha entregado la memoria de su celular a la fiscalía. Por el contrario, el funcionario ha denunciado a la fiscal general ante el Parlamento y ante el organismo que nombra, evalúa y sanciona a los magistrados. En ambos casos ha pedido su destitución.
Un 87 % de peruanos considera que el ministro del Interior debe dejar su cargo y un 74 % que la delincuencia se ha incrementado en Perú, según una encuesta nacional de febrero de la firma Datum Internacional publicada por el diario El Comercio.
Perú vive una ola de criminalidad con 187 asesinatos en el primer mes de 2025, la cifra más alta desde 2017, cuando el país inauguró un sistema informático de defunciones. En tanto, en enero hubo 1.909 denuncias por extorsión, según datos oficiales.
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