El gobierno de Perú anunció el miércoles un ambicioso paquete de corte social y de reactivación económica, en un plan de trabajo tras la disolución del Congreso y en medio de protestas en Sudamérica contra agendas de libre mercado de sus líderes.
El primer ministro, Vicente Zeballos, dijo en Palacio de Gobierno que el Ejecutivo destinará un equivalente a unos 270 millones de dólares para completar la cobertura de salud de los peruanos y aprobó un decreto para que la población pueda tener acceso a medicamentos genéricos en cualquier farmacia.
Zeballos también anunció que a inicios del próximo año el gobierno promoverá un incremento en el salario mínimo "que obedezca al real costo de vida" de todos los peruanos; y que evaluará elevar anualmente la pensión de los jubilados públicos.
"Generamos políticas para atender las necesidades urgentes, planes que nos permiten diseñar el mediano y largo plazo, para no quedar solo en la coyuntura (...) para que esos planes y proyectos se transformen en realidad y permitan mejorar la vida cotidiana de los peruanos", afirmó en un discurso.
El Gobierno de Martín Vizcarra, un político centrista, cerró el Congreso a fines de septiembre luego de una larga pugna con la oposición, una decisión que ha sido respaldada por las fuerzas armadas y la población, que se manifestó en las calles contra el desacreditado Parlamento.
Entre otras medidas, Zeballos dijo que se aprobó un "decreto de urgencia" que permitirá el control previo sobre fusiones y adquisiciones empresariales, con el fin de proteger la libre competencia y "sobre todo" los derechos e intereses de los consumidores e incluso de los inversionistas.
El primer ministro refirió además que el Gobierno dio visto bueno a otro decreto que establece un conjunto de medidas para que obras paralizadas puedan reactivarse, cuando muchos proyectos principalmente de infraestructura se han visto frenados en medio de denuncias de corrupción.
Las medidas en Perú fueron anunciadas en momentos en que Sudamérica es sacudida por protestas como en Chile, Argentina y Ecuador, en rechazo a las agendas de libre mercado, a las que culpan de ahondar la desigualdad en la región.
