Las autoridades colombianas confirmaron que Estados Unidos que Salvatore Mancuso Gómez, el antiguo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) regresa a su país, desde Estados Unidos, en calidad de deportado.
Junto a los hermanos Vicente y Carlos Castaño, Mancuso es conocido no solo por ser uno de los fundadores del grupo paramilitar, sino uno de los más temidos en su país.
Nació en en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, el 17 de agosto de 1964. De ascendencia italiana, cursó "estudios académicos sin culminar de ingeniería civil en la Universidad Pontificia Javeriana y Administración agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agrícola", dicta un documento de la Fiscalía colombiana, la cual agrega que estudió ingles en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania-Estados Unidos.
Tras culminar sus estudios, regresó al Departamento de Córdoba, donde se consolidó como ganadero para, posteriormente, integrar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU-, ostentando el rango de segundo Comandante, dice la Fiscalía.
Después la articulación de un mando conjunto del paramilitarismo colombiano, en torno a lo que se denominó las AUC, agrega el texto, fue promovido por los hermanos Castaño como Jefe del Estado Mayor de este grupo al margen de la ley, responsable de numerosos crímenes durante el conflicto armado en Colombia.
Según la Fundación para la Paz y la Reconciliación (Pares), Mancuso "ha sido objeto de acusaciones por violaciones a los derechos humanos, masacres y desplazamientos forzados, entre otros delitos".
Incluso, un informe de la Comisión de la Verdad de Colombia indica que los grupos paramilitares que hicieron parte las AUC están acusados de ser los principales responsables del casi 50 % de las "víctimas letales y desaparecidos" del conflicto armado en ese país, "constituyendo en el actor armado más violento".
El exjefe paramilitar ha confesado su participación cientos de asesinatos y la participación en decenas de matanzas.
En diciembre de 2004, el marco de la desmovilización de los grupos paramilitares, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, Mancuso se desmovilizó con el Bloque Catatumbo de las AUC, con 1.434 hombres, y posteriormente, en 2006, se ratificó su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz.
El 13 de mayo de 2008 fue extraditado hacia Estados Unidos por delitos de tráfico de narcóticos, junto a altos exjefes militares de las AUC, en aviones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas inglés), para posteriormente ser recluido en el centro penitenciario y carcelario Northen Neck regional Jail de Warsap, en Virginia.
Mancuso cumplió una condena de 12 años en prisión por tráfico de cocaína en 2020, tras ser sentenciado a casi 16 años de prisión, en 2015. En 2009, se declaró culpable de narcotráfico.
El gestor de paz
Desde 2020, Mancuso ha estado esperando la resolución de su situación migratoria. Tras cumplir la condena por narcotráfico, el exjefe paramilitar estaba en una cárcel migratoria a la espera de ser deportado a Italia, cuando el gobierno estadounidense cambió de opinión y anunció su traslado a Colombia, que pidió su extradición.
En ese entonces, Mancuso expresó a sus abogados que estaba “aterrado” de volver a Colombia.
Dos años después, en una carta divulgada por el presidente Gustavo Petro, a través de las redes sociales, el excomandante de las AUC manifestó al presidente su voluntad de ayudar a construir la “paz total” en el país.
"Dígame Sr. Presidente cuál es el paso a seguir, estoy listo a entablar una conversación con usted, con el Alto Comisionado para la Paz o con quien usted considere, para materializar esta voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana", escribió Mancuso.
En mayo de 2023, fue requerido para declarar ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), un tribunal especial creado tras los acuerdos de paz de 2016, que acoge a los actores del conflicto, para evaluar su admisión dentro de la jurisdicción.
En cuatro días de comparecencias, el exparamilitar reveló en audiencia los pormenores de la creación de este grupo de autodefensas, con el apoyo de militares, políticas, hacendados y ganaderos, además de crímenes y la intervención directa en la elección de expresidentes como Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. También hizo mención de fosas comunes en Venezuela destinadas a las víctimas de desaparición forzada de este bloque.
Luego, en julio de ese año, llegó la designación del excomandante paramilitar como gestor de paz por parte del gobierno colombiano, lo que generó una fuerte polémica entre quienes consideran que podría ayudar a encontrar la verdad y otros que lo rechazan por sus acusaciones relacionadas con la violación de derechos humanos.
Petro comenzó a usar la figura de gestores de paz para que personas, en criterio del gobierno, puedan ayudar en procesos de diálogos y de esclarecimiento de la verdad en el marco de la llamada política de “paz total”.
Además, el exjefe paramilitar fue admitido a mediados de noviembre en la JEP al señalar que “se pudo ver a una persona con una actitud distinta a la que los colombianos y las colombianas vieron en el Congreso de la República en el año 2004. [Está] dispuesto a dignificar a las víctimas, a reconocer su agencia y a ofrecerles una verdad plena”, dicta la decisión.
A su regreso a Colombia deberá probar, ya sea en la JEP, en Justicia y Paz, o en la justicia ordinaria, sus declaraciones.
En su país, Mancuso enfrenta más de 40.000 hechos delictivos imputados en la justicia colombiana, que incluyen homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, secuestro simple, acceso carnal violento, violencia basada en género, terrorismo, destrucción, entre otros, lo que hace necesario un detallado proceso legal para determinar su culpabilidad y evaluar los posibles beneficios que podría otorgársele.
Según la JEP, la decisión de si quedará o no en libertad está en manos de la jueza de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz de Bogotá y del magistrado de Control de Garantías de Barranquilla.
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