La Organización de Naciones Unidas (ONU) informó el martes que había registrado al menos 218 ejecuciones "extrajudiciales" en Afganistán y cientos de otros "graves" abusos contra los derechos humanos, desde que los talibanes tomaron el poder hace dos años.
Al parecer, las víctimas eran en su mayoría personas afiliadas al antiguo gobierno de Kabul respaldado por Estados Unidos, incluido personal militar, de inteligencia y policial.
"En la mayoría de los casos, las fuerzas de seguridad [talibanes] de facto detuvieron a personas, a menudo brevemente, antes de matarlas", dijo la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) en su nuevo informe.
Si bien algunos fueron ajusticiados estando bajo custodia, otros fueron llevados a lugares no revelados antes de ser asesinados, y sus cuerpos fueron arrojados o entregados a sus familiares, según el informe.
La UNAMA documentó 800 incidentes de ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones forzosas, y dijo que las mismas tuvieron lugar a pesar de la tan cacareada "amnistía general" por parte de los talibanes para ex funcionarios afganos.
Los entonces insurgentes talibanes retomaron el control del país el 15 de agosto de 2021 cuando las tropas de la OTAN lideradas por Estados Unidos se retiraron después de casi 20 años de participación en la guerra afgana.
La mayoría de los asesinatos reportados por la UNAMA tuvieron lugar en los cuatro meses posteriores a que los talibanes tomaron el control del país, devastado por el conflicto.
El líder supremo talibán, Hibattullah Akhundzada, anunció una amnistía para los ex miembros del gobierno, incluidos aquellos que huyeron del país por temor a represalias, poco después de que su grupo tomara el poder.
"Si bien la introducción de la amnistía general por parte de las autoridades de facto fue un paso bienvenido, las continuas violaciones de derechos humanos (...) indican que la amnistía general no se ha respetado plenamente", dijo la UNAMA.
El portavoz talibán Zabihullah Mujahid rechazó inmediatamente las acusaciones de la ONU y dijo que la amnistía general se estaba implementando plena y efectivamente.
Mujahid escribió en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que las autoridades pertinentes habían investigado algunos incidentes de "venganza personal" que involucraron a individuos desconocidos, pero su número era "mínimo".
Mujahid alegó que "algunos sectores dentro del sistema de la ONU ignoran las realidades sobre el terreno en Afganistán y siempre buscan acontecimientos adversos para difundir propaganda".
El Ministerio de Relaciones Exteriores liderado por los talibanes cuestionó las presuntas violaciones de la amnistía general y dijo que no ha recibido informes de ningún incumplimiento de la orden de Akhundzada, al tiempo que prometió investigar y llevar ante la justicia a los culpables de desobedecer el decreto, señala la UNAMA.
El ministerio rechazó las acusaciones de que las fuerzas talibanes habían detenido o torturado a personal militar debido a su asociación con el anterior gobierno afgano. Sin embargo, reconoció que se habían tomado medidas contra quienes desafían al gobierno talibán, conocido como el Emirato Islámico.
"Ningún personal militar de la administración anterior ha sido arrestado, detenido o torturado debido a sus actividades en las instituciones de seguridad. Aquellos empleados de la administración anterior que se unieron a los grupos de oposición del Emirato Islámico o tuvieron actividades militares en detrimento del sistema han sido arrestados y presentados ante las autoridades judiciales", dijo el ministerio.
El ministerio talibán pidió a la UNAMA que compartiera cualquier "reclamación específica y documentada" sobre violaciones de derechos humanos para permitir que las fuerzas de seguridad las investiguen.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en una declaración publicada a partir del informe de la UNAMA, que sus hallazgos presentaban un "cuadro aleccionador" del trato dado a ex funcionarios del gobierno afgano.
"Más aún, dado que se les aseguró que no serían atacados, es una traición a la confianza del pueblo", afirmó Volker Türk, e instó a los talibanes a impedir nuevas violaciones de este tipo y exigir responsabilidades a los perpetradores.
Ningún gobierno extranjero ha reconocido a los talibanes como el gobernante legítimo de Afganistán debido a las preocupaciones por los derechos humanos y las restricciones que han impuesto al acceso de las mujeres al trabajo y la educación.
El ministro de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, reiteró el martes sus acusaciones de que los países occidentales están utilizando la cuestión de los derechos humanos como una “táctica de presión” y una “excusa” para negar el reconocimiento internacional a su gobierno.