Un reporte de Naciones Unidas publicado este lunes condena duramente a los talibanes por celebrar ejecuciones, lapidaciones y flagelaciones públicas desde que tomaron el poder en Afganistán, y demanda que detengan esas prácticas.
Apenas en los últimos seis meses, 274 hombres, 58 mujeres y dos niños fueron azotados en público en Afganistán, según un reporte de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, o UNAMA, por sus siglas en inglés.
“El castigo físico es una violación de la Convención contra la Tortura y debe detenerse”, dijo Fiona Frazer, encargada de derechos humanos de la agencia. También pidió una moratoria inmediata a las ejecuciones.
El ministerio de relaciones exteriores de los talibanes respondió que las leyes afganas se deciden de acuerdo con las reglas y recomendaciones islámicas y que la abrumadora mayoría de los afganos sigue esas normas.
“En caso de un conflicto entre el derecho internacional de derechos humanos y la ley islámica, el gobierno está obligado a seguir la ley islámica”, dijo el ministerio en un comunicado.
El grupo comenzó a imponer esos castigos poco después de asumir el poder hace casi dos años, pese a promesas iniciales de que impondría un régimen más moderado que en su gobierno anterior en la década de 1990.
Al mismo tiempo se han ido endureciendo las restricciones sobre las mujeres, vetadas de espacios públicos como parques y gimnasios de acuerdo con una estricta interpretación de la ley islámica. Las restricciones han provocado indignación internacional, lo que aumenta el aislamiento del país en pleno colapso económico y empeora una crisis humanitaria.
El reporte de este lunes sobre castigos físicos documenta prácticas talibanes antes y después de su regreso al poder en agosto de 2021, cuando tomaron la capital, Kabul, mientras las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se retiraban tras dos décadas de guerra.
La primera flagelación pública se reportó en octubre de 2021 en la provincia norteña de Kapisa, señaló el documento. En ese caso, una mujer y un hombre acusados de adulterio fueron fustigados 100 veces cada uno ante eruditos religiosos y autoridades talibanes locales.
En diciembre de 2022, las autoridades talibanes ejecutaron a un afgano condenado por asesinato, en la primera ejecución pública desde que recuperaron el poder, según el informe.
El padre de la víctima de asesinato ejecutó al condenado con un fusil de asalto en la provincia occidental de Farah ante cientos de espectadores y mandos talibanes.
Zabihullah Mujahid, principal vocero del gobierno, dijo que la decisión sobre ese castigo se había tomado “de forma muy cuidadosa” tras el visto bueno de tres de las principales cortes del país y el líder supremo Mullah Hibatullah Akhundzada.
Los castigos corporales han aumentado considerablemente en número y frecuencia desde noviembre, cuando Mujahid recogió en un tuit unos comentarios del líder supremo sobre los jueces y el empleo de la ley islámica, señaló el reporte.
A partir de ese tuit, UNAMA documentó al menos 43 casos de flagelaciones públicas a 274 hombres, 58 mujeres y dos chicos. La mayoría de los castigos estaban relacionados con condenas de adulterio y “abandono del hogar”, según el informe. Otras supuestas infracciones eran robo, homosexualidad, consumir alcohol, fraude y tráfico de drogas.
Abdul Malik Haqqani, el responsable de justicia nombrado por los talibanes, dijo la semana pasada en un mensaje en video que la Corte Suprema ha emitido 175 veredictos llamados “de retribución” desde que asumió el poder, incluidos 79 fustigamientos y 37 lapidaciones.
Esos veredictos establecen el derecho a una supuesta víctima o familiar de la víctima de un crimen a castigar o perdonar al responsable. Haqqani dijo que los líderes talibanes están comprometidos con ejecutar esas sentencias.
En un principio, tras su derrocamiento inicial en la invasión estadounidense de 2001, los talibanes mantuvieron las ejecuciones y castigos físicos en zonas que controlaba mientras libraba una insurgencia contra el gobierno afgano con apoyo estadounidense, señaló el reporte.
UNAMA documentó al menos 182 casos en los que los talibanes ejecutaron sus propias sentencias en el apogeo de su insurgencia entre 2010 y agosto de 2021, que implicaron 213 muertes y 64 heridos.
Muchos países de mayoría musulmana toman normas de la ley islámica, pero la interpretación del Talibán es una excepción.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha tachado el veto talibán a que las mujeres trabajen como una violación inaceptable de los derechos humanos de los afganos.
Los gobernantes de Afganistán informaron el 5 de abril a Naciones Unidas de que las mujeres afganas que trabajaban para su delegación ya no podrían presentarse en sus puestos. Las agencias humanitarias han advertido que esa prohibición afectará a su capacidad para ofrecer ayuda humanitaria urgente en Afganistán.
Los talibanes ya habían expulsado a las niñas de las escuelas a partir de sexto grado y vetado a las mujeres de la mayoría de los empleos y vida pública. En diciembre prohibieron que las mujeres trabajaran en organizaciones locales y no gubernamentales, una medida que en principio no incluía a las oficinas de Naciones Unidas.
Durante el primer régimen talibán entre 1996 y 2001, las autoridades imponían castigos físicos y ejecuciones en público contra personas acusadas de crímenes, a menudo en espacios grandes como estadios deportivos y cruces urbanos.
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