El principal organismo internacional de ayuda a los migrantes sostuvo el viernes que es necesario concertar una respuesta regional luego de que miles han quedado a la deriva tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dio luz verde al gobierno de ese país para que rechace las solicitudes de asilo de los extranjeros diseminados en su frontera sur.
La decisión judicial fue recibida como una victoria por el gobierno del presidente Donald Trump, que ha hecho del tema migratorio y sus esfuerzos por contener ese flujo desde México y Centroamérica un tema crucial. Sin embargo, la pregunta que afloró es qué va a pasar con los miles de centroamericanos que esperan asilo del lado mexicano así como los centenares de haitianos, cubanos, africanos y asiáticos apostados en Panamá tras cruzar la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Colombia.
El jefe del Centro Global Administrativo en Panamá y jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la nación centroamericana, Santiago Paz, mencionó la necesidad de una acción mancomunada regional.
“La migración no puede ser observada en función de un sólo gobierno sino de una región, en cómo los países se pueden sentar en una mesa y analizar las realidades migratorias de cada uno”, dijo aludiendo a las naciones del Triángulo Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador-; Estados Unidos, México y los países del sur del continente que enfrentan la masiva migración venezolana.
“Tenemos que sentarnos a prestar toda la cooperación técnica, compartir las buenas prácticas no sólo la región sino otros países en donde la OIM ha tenido una participación activa”, en coordinación con Naciones Unidas, la sociedad civil y los gobiernos, para “poder prestar una respuesta integral”, agregó. Recordó que el mandato de la OIM es promover y facilitar una migración regional ordenada y digna.
Guatemala dijo la noche del jueves que respeta el fallo de la Corte Suprema estadounidense a pesar de que afecta a miles de migrantes de su país que huyen de la violencia y la pobreza. En un mensaje a la prensa emitido la noche del jueves, el gobierno guatemalteco dijo que es “respetuoso de la soberanía, la legislación interna y la decisión que el gobierno de Estados Unidos tome en materia de asilo o para regular los flujos migratorios en su país”.
Panamá, donde unos 800 migrantes permanecen en tres albergues situados en Darién y la provincia de Chiriquí -próxima a la frontera con Costa Rica-, no ha dicho oficialmente cómo encarará la situación.
Sin embargo, un alto funcionario del gobierno panameño que habló con la condición de que no se lo identificara porque no está autorizado a comentar el tema con la prensa, dijo el viernes a The Associated Press que están insistiendo para hallar una solución regional a la crisis de los migrantes. “¿Qué va a pasar con los extra continentales tras el fallo de la corte? No lo sabemos. Tampoco estamos en capacidad para atender el asilo de toda esta gente. Creemos y abogamos por una solución regional. Lo de ‘tercer país’ no es viable”, subrayó.
El Estatuto de los Refugiados de la Convención de Ginebra establece que cuando una persona sale de su país para solicitar asilo en otro lugar, este segundo Estado podrá negarse a recibirlo y enviarlo a una tercera nación que considere que puede darle las mismas atenciones, lo que se conoce como “tercer país seguro”.
La medida estadounidense empezó a aplicarse el jueves y un portavoz de la agencia del Departamento de Seguridad Nacional que se ocupa de los casos de asilo dijo que la política será retroactiva al 16 de julio. Esta permite denegar el asilo a cualquier migrante en la frontera sur que no haya pedido esa protección en alguno de los países por los que transitó durante su viaje a Estados Unidos.
Los migrantes que llegan por tierra a Estados Unidos desde países como Honduras, Guatemala y El Salvador ya no podrán pedir asilo, lo mismo que cualquier africano, asiático o sudamericano que trate de ingresar a suelo estadounidense a través de México.
Amnistía Internacional cuestionó la decisión en un comunicado de prensa y dijo que podría ser una condena a muerte para las personas que buscan seguridad. “Esta prohibición de asilo se basa en una ideología del odio y la xenofobia y no se puede permitir”, dijo Charanya Krishnaswami, directora de Incidencia en las Américas de Amnistía Internacional.
La organización humanitaria agregó que ha documentado los peligros que afrontan las personas solicitantes de asilo, no sólo en sus países de origen sino también en sus viajes. “En el pasado, hemos constatado que solicitantes de asilo procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras que se identifican como LGBTI afrontan un enorme riesgo de sufrir abusos sexuales, violencia y daños en su viaje hacia el norte. Esta prohibición podría obligar a personas que se identifican como LGBTI a buscar protección en lugares en los que afrontan un gran riesgo de sufrir daños”.
A su vez explicó que ha comprobado que el sistema de asilo de México no está bien preparado para dar respuesta al número de personas que podrían verse obligadas a buscar protección en ese país y que halló evidencia de que “lejos de brindar seguridad a quienes solicitan asilo, el gobierno mexicano a menudo detiene a esas personas y las deporta a lugares donde corren peligro”.
Hasta el 4 de septiembre el gobierno estadounidense había deportado a 37.788 guatemaltecos, entre adultos y menores, que ingresaron de forma irregular a su territorio.
