A pocos días del vencimiento del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos (OEA) para lograr las reformas electorales en el país, el gobierno de Estados Unidos cabildea con la Unión Europea para presionar al presidente Daniel Ortega a realizar reformas electorales genuinas de cara a los comicios nacionales de 2021.
El Subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental, Michael Kozak, informó que su par adjunto para Centroamérica, Hugo Rodríguez, discutió con representantes de la Unión Europea en Bruselas “la necesidad de promover en Nicaragua una reforma electoral genuina”.
Esta acción fue celebrada por opositores como José Pallais, integrante de la Coalición Nacional Opositora.
“El poder celebrar elecciones donde se respete la voluntad popular, con observación nacional e internacional, mediante reformas que toquen los problemas de fraude que se han venido dando con el régimen Orteguista es altamente positivo”, manifestó Pallais.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua dejó claro por medio del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que las reformas electorales que ya se encuentran dentro de la agenda legislativa, serán discutidas únicamente con los partidos políticos.
Los diputados sandinistas han cerrado las puertas a negociar las reformas con los bloques opositores que encabezaron la resistencia de abril de 2018 y con los organismos internacionales.
Sobre esta posición el analista político y exdiplómatico Mauricio Díaz, advierte su preocupación por una escalada de la represión en el país.
“Un gobierno que recibe presiones como éste, las traslada hacia su propio pueblo, y siguen utilizando a los nicaragüenses como rehenes de su política de negociación con los organismos y con los gobiernos”, apuntó Diaz a la Voz de América.
En enero de este año Porras oficializó que se discutirá la reforma a la Ley Electoral, como parte de las “profundas” modificaciones al sistema político del país.
En un Memorándum de Entendimiento firmado el 28 de febrero del 2017 entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el canciller Denis Moncada, el gobierno de Nicaragua se comprometió a impulsar reformas al sistema electoral del país, las que serían negociadas y ejecutadas en un plazo de tres años.
Hasta la fecha la discusión de estas reformas esta pendiente en el Parlamento.
