La gira por Europa del subsecretario adjunto para Centroamérica del Departamento de Estado de EE.UU., Hugo Rodríguez, para definir estrategias de Washington para presionar al gobierno de Nicaragua, podría acelerar la aplicación de sanciones de la Unión Europea contra funcionarios e instituciones del país.
Analistas nicaragüenses consultados por la Voz de América, entre ellos el exembajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advierten sobre los resultados de la medida.
“Estas acciones están llamadas a actuar en conjunto con los mismos plazos, bajo las mismas condiciones y consideraciones y, por supuesto, van a establecer una autoridad común o una comisión que va a conocer de todas las sanciones posibles que se van a dar”, dijo.
Guevara sostiene que la visita de Hugo Rodríguez por Europa forma parte de la búsqueda de coincidencias con Estados Unidos para lograr una estrategia conjunta que permita presionar aún más al gobierno sandinista a encontrar una salida a la crisis que vive el país.
“Buscan presionar al gobierno de Managua para definir acciones democráticas y permitir elecciones libres y soberanas para Nicaragua, que permitan un cambio pacífico y no lo que hasta ahora se presenta como una amenaza a corto plazo de un nuevo estallido social”, señaló Guevara.
Por su parte, Rodríguez explicó que el plan de la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, es seguir sancionando a funcionarios leales al gobierno del presidente Daniel Ortega y que, en ese sentido, buscan el respaldo de sus socios europeos.
Matamoros advirtió de que estas declaraciones reflejan la preocupación sobre el impacto de la crisis que vive Nicaragua en los países centroamericanos.
“Por una parte refleja la cuestión de la democracia en la región, la obligación que todos los países tienen de apegarse y cumplir con las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana y, por otro lado, la preocupación de seguridad de Estados Unidos en tanto la situación de Nicaragua y su relación con países extraregionales”, señaló el analista político.
El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente las sanciones impuestas por EE.UU., acusando a esa nación de “injerencista y de financiar un golpe de estado en el país”.
Las sanciones de EE.UU.
A la largo de los dos últimos años, Washington ha sancionado a 15 funcionarios del gobierno sandinista, entre ellos a la primera dama y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, así como a dos de los hijos de la pareja presidencial.
Entre los últimos sancionados, el pasado 7 de noviembre, EE.UU. sancionó a Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional; Lumberto Campbell, magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral; y Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
El subsecretario adjunto para Centroamérica del Departamento de Estado de EE.UU. estadounidense enfatizó que la crisis de Nicaragua ha llevado a más de 80 mil nicaragüenses al exilio forzado, debido a la crisis provocada por la represión, el asedio y la desplome económico en el país.
Matamoros consideró que este tipo de declaraciones evidencian la preocupación sobre el impacto de la crisis que vive Nicaragua en los países centroamericanos.
“Por una parte refleja la cuestión de la democracia en la región, la obligación que todos los países tienen de apegarse y cumplir con las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, y por otro lado la preocupación de seguridad de los Estados Unidos en tanto la situación de Nicaragua y su relación con países extra regionales”, explicó Matamoros.
El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente las sanciones impuestas por Estados Unidos acusando a esa nación de “injerencista y de financiar un golpe de Estado en el país”.
El papel de la Unión Europea
La presión por una mayor beligerancia de Europa en la crisis humanitaria de Nicaragua, también la ejercen eurodiputados. Este Lunes el eurodiputado español José Ramón Bauzá envió una carta a los Estados miembros del Parlamento Europeo y a su presidente presionando para la pronta implementación de sanciones en contra del gobierno de Ortega y Murillo.
En su misiva, Bauzá recordó las tres resoluciones que ha emitido la Eurocámara condenando la represión en el país. Para el eurodiputado no debería haber razones detrás del retraso en la adopción e implementación de las sanciones a funcionarios y entidades que han sido parte de la represión, iniciada en abril de 2018 en contra de las protestas y que ha dejado más de 300 muertos, miles de exiliados y cientos de presos políticos.
