13 personas fueron arrestadas por la policía nicaragüense mientras intentaban entregar ayuda humanitaria a familiares de presos políticos que mantienen una huelga indefinida en en la ciudad de Masaya.
Las detenciones se realizaron a media noche según la denuncia interpuesta por medio de un comunicado por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, la más grande organización de la disidencia.
Según el comunicado, "todos los secuestrados son miembros de esta organización, incluyendo dos miembros de nuestro Consejo Político", notificaron a los medios nicaragüenses.
En el aviso, solicitaban a las autoridades que se respete la integridad física de los detenidos, y que se les libere inmediatamente, así como a los otros 130 presos políticos que siguen encarcelados.
"Nos solidarizamos con sus familias y anunciamos que haremos la máxima presión nacional e internacional hasta lograr la libertad de todos ellos", finaliza el comunicado.
Al inicio del jueves, un grupo de familiares de los detenidos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega comenzaron una huelga de hambre para demandar su liberación antes de la Navidad.
La protesta tiene lugar en la parroquia San Miguel Arcángel del barrio indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya, al oriente de la capital, uno de los focos de la rebelión social contra Ortega que comenzó con manifestaciones estudiantiles en abril del año pasado.
Karen Lacayo hermana de Edward Lacayo, un conocido activista opositor de Masaya apodado "la loba feroz", que lleva ocho meses en prisión y a quien la Fiscalía acusó de narcotráfico y otros delitos, dijo que quieren que liberen a sus familiares.
"Quiero ofrecerle este ayuno a Dios para que le toque el corazón a Daniel Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo y liberen de una vez por todas a nuestros familiares, porque son inocentes", declaró Lacayo a AP.
La huelga se registra en la campaña "Navidad sin presos políticos", como ellos definen a los opositores detenidos.
Según el Comité de Familiares de Presos Políticos y la opositora Alianza Cívica, al menos 138 personas siguen presas por protestar contra el gobierno, pese a que casi 700 fueron excarceladas entre febrero y junio en el marco de una negociación política y una ley de amnistía.
Tras conocerse el anuncio de la huelga de hambre, la iglesia fue rodeada por varias patrullas de la policía y decenas de efectivos antimotines, que vigilaban los movimientos de los opositores y de los periodistas.
Pablo Cuevas, abogado de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció que la policía se presentó en el lugar "en actitud amenazante" y exhortó al gobierno a "respetar el derecho constitucional de los ciudadanos a la protesta cívica".
El titular de la parroquia es el padre Edwin Román, un sacerdote conocido por su apoyo a la rebelión cívica en Masaya, quien durante las intensas protestas de 2018 convirtió el templo en un refugio para los manifestantes heridos.
El gobierno no ha formulado comentarios sobre la huelga de hambre, pero Ortega ha reiterado que considera que los opositores son "golpistas y terroristas" que intentaron derrocarlo en 2018.
El inicio del ayuno coincidió con una reunión de los cancilleres de la Alianza Bolivariana de Nuestra América (ALBA), convocada en Managua en apoyo al expresidente boliviano Evo Morales. La renuncia de Morales generó reacciones airadas de dirigentes sandinistas, que llamaron a sus bases a "cerrar filas" en apoyo a Ortega.
Las protestas en Nicaragua han dejado unos 328 muertos, más de 2.000 heridos y unos 88.000 emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Historia relacionada:
