El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles sanciones a otros tres funcionarios del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega por ser parte de organismos gubernamentales que han sido señalados por violar los derechos humanos, de participar en fraudes electorales o en actos de corrupción.
Los tres funcionarios son Ramón Antonio Avellán Medal, subdirector general de la Policía Nacional; Ignacio Campbell Hooker, presidente interino del Consejo Supremo Electoral; y Roberto José López Gómez, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“Hemos dicho en reiteradas ocasiones que estas sanciones son el resultado de las flagrantes violaciones a los derechos humanos, la violación a todas las formas de protesta que han surgido desde el 18 de abril del 2018”, dijo a la Voz de América vía telefónica Juan Sebastián Chamorro, dirigente de la opositora Alianza Cívica.
“Estas son las consecuencias cuando tenés fuerzas represivas que disparan contra manifestantes a la cabeza, el cuello o al pecho. La comunidad internacional reacciona y los únicos responsables de esas sanciones son esos violadores de los derechos humanos”, añadió.
El gobierno de Daniel Ortega por su parte afirma que la cruda represión reportada por medios de prensa nacionales y extranjeros fue en realidad un intento de golpe de Estado por parte de jóvenes terroristas que asesinaron a simpatizantes sandinistas y a decenas de policías. Ni la comunidad internacional ni organismos de derechos humanos comparten esa versión.
¿Qué significan o qué efecto tienen estas sanciones?
Las sanciones estadounidenses contemplan el congelamiento de cualquier propiedad o dinero que los sancionados pudiesen tener en Estados Unidos. No se ha reportado que ninguno de los tres sancionados tengan activos en Estados Unidos. No obstante, ninguno de ellos podrá ahora recibir una visa de entrada a Estados Unidos y los bancos nicaragüenses, por tener relación de corresponsalía con bancos en Estados Unidos, no podrán ni abrirles cuentas, ni registrar sus firmas, ni otorgarles préstamos. Si tienen cuentas, les serán cerradas.
“Los convierte en cadáveres financieros”, dijo desde Washington Christian Fajardo, el líder de las protestas en la ciudad de Masaya, que fue encarcelado y para quien la fiscalía nicaragüense pedía 42 años de prisión. Fajardo salió de la cárcel bajo una Ley de Amnistía que liberó a una parte de los prisioneros políticos y él ahora reside con familiares en Estados Unidos.
Fajardo, que vivía a una cuadra de la sede policial en Masaya, era el encargado del megáfono con el que le deseaban “buenas noches” al jefe de la policía que estuvo rodeado durante varias semanas en las protestas del 2018.
¿Quiénes son los sancionados?
Ramón Antonio Avellán Medal
El ahora comisionado Avellán nació en la ciudad de Jinotepe de una relación que su madre tuvo con un soldado de la Guardia Nacional de Anastasio Somoza. Al soldado lo trasladaron a un comando militar en otra ciudad y desapareció de la vida del pequeño Avellán. Fue criado por su madre y su abuela materna.
De joven estudió en Jinotepe y sus excompañeros de colegio dijeron al diario La Prensa que era de carácter reservado, pero también podía ser conflictivo y no era ajeno a los pleitos en la escuela. En 1976 se graduó como maestro, pero nunca ejerció pues al poco tiempo se incorporó a la lucha guerrillera en el Frente Sandinista. Tras el triunfo de la revolución en 1979, fue integrante del Ministerio del Interior y no participó en los frentes de guerra del conflicto armado que entonces se libraba contra la Resistencia Nicaragüense, mejor conocida como la “Contra”, financiada por Estados Unidos.
Tras la derrota electoral de Ortega en 1990, Avellán fue trasladado a la Dirección General de Bomberos y luego fue jefe policía de Bluefields, una ciudad del atlántico nicaragüense que casi ningún oficial policial quería dirigir por la gran presencia de narcotraficantes. Luego pasó a la Dirección de Seguridad Pública, hasta que en abril del año pasado se le encomendó la misión de reprimir las protestas en la ciudad de Masaya, conocida por su histórica lucha contra la guardia nacional de Somoza. Durante los días más cruentos de las protestas del año pasado, la sede de la Policía Nacional fue rodeada durante varias semanas, y aunque los manifestantes no lograban acercarse para tomar la sede, no fallaban en desearle buenas noches al Comisionado Avellán usando megáfonos con los que a menos de media cuadra, y desde sus barricadas, le gritaban insultos, burlas y llamados a desertar al jefe policial y sus subordinados.
A Avellán se le responsabiliza de la muerte de más de 30 manifestantes desarmados. Los que lo conocen dicen que su estatura, corpulencia y mirada intimidan.
“Tenía un rostro sombrío, de criminal”, dijo al diario La Prensa, el sacerdote católico Edwin Román, quien por salir en defensa de los manifestantes y auxiliar a los heridos ha sido víctima de numerosas amenazas y actos de hostigamiento.
Roberto López
Médico de profesión y capitán en retiro del Ejército, fue durante años funcionario del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) bajo los gobiernos de los presidentes liberales Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños Geyer. Es ahora uno de los pocos altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega que se ha mantenido en su cargo desde que Ortega regresó al poder en el 2007. Su gestión en el INSS ha sido cuestionada en distintas ocasiones en que han salido a luz pública préstamos millonarios que el INSS ha hecho a empresarios allegados al gobierno actual para proyectos de bienes raíces o fábricas de medicamentos. Se le ha acusado en los medios de permitir que algunos de esos préstamos no sean cancelados y de luego borrarlos de los registros contables del INSS. El gobierno siempre ha defendido su gestión y nunca se ha realizado ninguna investigación de las denuncias. Roberto López recibió el INSS con un superávit de 1,300 millones de córdobas y ahora tiene un déficit de 2.200 millones. Fue la decisión del INSS de hacer reformas que reducían las pensiones y aumentaban las contribuciones de la empresas lo que generó el grito de protesta que dio inicio a la crisis en abril del 2018.
Lumberto Campbell Hooker
Campbell Hooker es un antiguo guerrillero que en el 2014 fue electo magistrado del Consejo Supremo Electoral por la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas. Ascendió al cargo de Presidente del CSE al ser removido de su cargo el anterior presidente Roberto Rivas. El CSE ha sido blanco de numerosas críticas por realizar "tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen las elecciones". De hecho, el CSE y casi todas sus secciones son dirigidas y operadas por militantes del Frente Sandinista, por lo que la oposición exige que para una nueva elección deberá crearse un nuevo tribunal electoral. Campbell fue guerrillero del Frente Sandinista y participó en la lucha contra Somoza.
En el primer gobierno de Ortega (1979-1990) fue funcionario en la ciudad de Bluefields, en la Costa Atlántica, de donde es oriundo. Ligia Gómez, ex funcionaria del Banco Central que huyó de Nicaragua, dijo ante elCongreso estadounidense el año pasado ue Campbell fue uno de los ejecutores de la orden de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, de responder “con todo” a las protestas antigubernamentales. “Con todo” incluyó fusiles de guerra, granada y lanzacohetes RPG-7, según mostraron imágenes de foto y vídeo publicadas en esos días por medios locales y agencias internacionales de prensa.
Otros sancionados
En meses anteriores, el Departamento del Tesoro había sancionado ya a la vicepresidenta Murillo, al hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega, al consuegro de Ortega Francisco Díaz, Jefe de la Policía Nacional. También fueron sancionados Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Ortega, Francisco López, tesorero del Frente Sandinista y Gustavo Porras, dirigente sindical y presidente de la Asamblea Nacional.
