Una cumbre hispana auspiciada por la Casa Blanca y que durante dos días sesionó en la ciudad de Miami centró su atención en temas como la economía en el sur de Florida, la inmigración y la política de EE.UU. hacia América Latina.
A la denominada Cumbre de Acción de la Comunidad Hispana asistieron más de una docena de altos funcionarios del gobierno federal, entre ellos Dan Restrepo, asistente especial del presidente Barack Obama, y director de asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
También estuvieron presentes en la reunión que tuvo como sede la universidad pública Miami-Dade College (MDC) , Esther Olavarría, consejera de la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y John Trasviña, secretario adjunto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.
Durante el evento, se anunció la creación de un registro de empresas interesadas en obtener contratos municipales y estatales en virtud de una ley federal que promueve la contratación de personas de bajos ingresos, y que será puesto en práctica de forma experimental en otras cuatro ciudades además de Miami: Detroit, Los Ángeles, Nueva Orleans y Washington DC.
En la reunión, concebida por el gobierno federal para promover contactos con líderes hispanos y explorar políticas que favorezcan a esta comunidad, el presidente del MDC, Eduardo Padrón, resaltó que el futuro de EE.UU. “está ligado” al de la comunidad hispana en el país.
Respecto a la política de Washington con Latinoamérica, Restrepo se refirió a la cumbre convocada este fin de semana en Caracas para la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que excluye como país miembro a Estados Unidos.
El asesor presidencial dijo que el gobierno de Obama no se opone a la CELAC y que si se trata de algo constructivo enhorabuena, pero que si su objetivo es ser “antiamericana” oponiéndose a EE.UU. entonces el nuevo organismo es un retroceso al pasado.
Al abordar el tema de inmigración, la consejera Olavarría anunció que el lunes 5 de diciembre el gobierno federal comenzará finalmente a revisar unos 300.000 casos de deportación en las cortes migratorias con la finalidad de detener la expulsión del país de inmigrantes indocumentados que no tienen antecedentes penales.
La funcionaria subrayó que la prioridad de la Casa Blanca es deportar sólo a extranjeros que constituyan un peligro para la seguridad nacional.
Pero activistas pro inmigrantes alegan que las autoridades siguen deteniendo a hispanos que entraron de manera ilegal a EE.UU. y dicen que estos arrestos están alentados por el programa Comunidades Seguras, que convierte a policías en agentes de inmigración, y que también está activo en los 67 condados de la Florida.
