Miembros de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos (ATF) revelan haber recibido órdenes de sus superiores de no evitar la venta de armas destinadas a los cárteles de la droga en México.
Un día después de que se diera a conocer que las armas exportadas a México en el marco de un programa oficial estadounidense causaron varias muertes, los agentes de la ATF declararon a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Representantes que no se les permitió arrestar a los compradores, sino que la orden que recibieron fue la de seguirlos.
Un informe divulgado por el Congreso señala que la Operación Rápido y Furioso, que comenzó a fines de 2009, permitió el ingreso de armas a México y que "la agencia las perdiera de vista", según indicó el legislador Darrel Issa y el senador Charles Grassley, ambos republicanos.
"La ATF sólo volvió a ver esas armas cuando aparecieron en la escena de un crimen. Trágicamente, muchos de esos casos implicaron la pérdida de vidas. (...) Las muertes eran un resultado previsible de esta estrategia", agrega el comunicado.
El comunicado hace referencia a dos de las armas bajo vigilancia en el programa fueron encontradas en el lugar donde un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos fue asesinado en Arizona.
El programa tenía por objeto seguir el flujo de las armas e identificar a otros miembros de una red de traficantes. Sin embargo, supuso la entrada a México de casi 2.000 armas y causó serios roces entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
El presidente de la Comisión, Darrell Issa apunta que la operación fracasó y que narcotraficantes mexicanos terminaron en posesión de unas 2.000 AK47, rifles de francotirador y unas 10 mil o más municiones.
Un informe independiente de tres senadores indica que el 70% de las casi 30.000 armas ilegales recuperadas en México en 2009 y 2010, procedían de Estados Unidos. México sostiene que cerca del 90% de las armas decomisadas a los narcos provienen del país vecino.
