Recolectar 50 millones de pesos, a través de una plataforma digital, para comprar insumos que protejan al personal de la salud en Colombia en medio de la pandemia era la meta de la doctora Andrea García, médico del servicio social obligatorio de un hospital de Bogotá.
Actualmente, dice, ha leído y escuchado las quejas de algunos médicos que viven en diferentes partes del país y quienes le han manifestado sus necesidades, a través de un grupo privado de Facebook que agrupa alrededor de 48 mil galenos.
Allí "la gente se queja. Por ejemplo dicen: 'Yo soy de Apartadó y no tengo nada", dijo la doctora a la Voz de América.
Esa razón la llevó a crear una campaña para ayudar a sus colegas y, aunque no pudo recolectar un porcentaje de dinero considerable, respecto a lo planteado, dice que ya compró 24 tapabocas, 450 mascarillas quirúrgicas, y 4 pares de monogafas que, según ella, se enviarán a los casos prioritarios "como personas que marchan pidiendo condiciones y elementos, o aquellos que les deben los sueldos; la idea es ayudar a personas que no están en Bogotá y están más necesitadas".
Las alarmas en el país también se prendieron a raíz de la muerte de dos médicos colombianos, el fin de semana, a causa de la COVID-19. Y se agitó aún más el lunes con la expedición del Decreto 538 de 2020, del gobierno colombiano, relacionado con la dotación de elementos de protección para los trabajadores de la salud y el llamado obligatorio que se les hace a prestar sus servicios durante la pandemia.
La VOA conversó con el doctor Sergio Isaza Villa, presidente de la Federación Médica Colombiana, quien señala que, sencillamente, "la situación actual en Colombia ha empeorado con relación a lo mal que venía desde hace prácticamente 26 años".
Por un lado, dice, que uno de los artículos (No. 9) del reciente decreto obliga al personal médico -con algunas excepciones- a estar preparado y disponible ante un llamado a prestar sus servicios, pero no incluye que se garantice la bioprotección inmediata para todos los trabajadores de este gremio y sin ello, "es como si yo mandara a los soldados a la guerra sin la protección sin los escudos, sin las máscaras, sin los fusiles, sin las botas adecuadas", resume el doctor Isaza.
Entonces, "están atentando contra dos derechos fundamentales que son el derecho a la salud y el derecho a la vida". "Nadie puede obligar ni el más autoritario o fuerte de los gobiernos a que la gente se suicide o que atente contra su propia salud y su integridad personal", agrega.
A esta situación, dice el médico, se suma la situación laboral del personal médico, pues según él, el 80 por ciento del personal sanitario trabaja bajo la informalidad, sin ningún tipo de estabilidad laboral y el restante tiene algún tipo de contrato.
Es decir, añade, están desprotegidos frente a la enfermedad o incapacidad.
Según una encuesta elaborada la semana antepasada por el Colegio Médico Colombiano y la Federación Médica Colombiana y que recoge más de 970 encuestas de 700 médicos y otros profesionales de la salud, "en donde más alcanza la cuestión de producción de elementos son los guantes, el 78 por ciento y de acuerdo con los requerimientos de los mínimos de la Organización Mundial de la Salud. Los elementos de protección para cada instancia deben garantizar mínimo el 90 por ciento". Aquella instituciones que lo cumplen, dice el médico, no son más de 10 en el país.
Incluso, dice que no hay protocolos unificados ni consistentes para el tratamiento del coronavirus en las instituciones hospitalarias. "El gobierno no ha diseñado unas propuestas unificadas para eso y cada institución tiene sus protocolos y algunas son totalmente dejadas (...) En un hospital de la costa nos muestran como bajaron de YouTube una aplicación sobre cómo hacer un protocolo de atención de coronavirus".
Acuerdos y respuestas
El lunes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se reunió con representantes de la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y el Comité Sindical, y otros miembros del gobierno nacional.
Tras la reunión, el ministerio emitió un comunicado en el que cita al doctor Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, vocero de los estamentos. Sobre los elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, señaló que “quedó claro que el primer responsable para entregarlos son los empleadores, que contarán con el apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)", a quienes se les dio un plazo de tres días de presentar un plan de dotación.
El presidente Iván Duque indicó el lunes a una emisora local que en Colombia, la primera línea de responsabilidad para la protección del personal en salud de urgencias y las UCI es de los empleadores.
"Hoy, Colombia tiene decenas de miles de camas y en este momento tenemos menos de 600 personas en la red hospitalaria por COVID-19, y tenemos menos de 110 personas en unidades de cuidado intensivo. Entonces, en este momento no hay excusa para que ningún empleador no tenga ese material de protección para las personas que van a estar en las unidades de cuidado intensivo y en las labores de urgencia”, señaló.
Baquero también señaló que " la presidencia de la república hará una compra de insumos a gran escala que serán utilizados a modo de reserva cuando lleguemos al pico de la epidemia”.
El doctor Isaza le contó la VOA que el ministerio de Salud se comprometió a revisar los aspectos laborales del personal de la salud junto con la cartera de trabajo y hacienda. Según Botero, para buscar una laboralización, así sea temporal.
Y agregó que, respecto al llamado obligatorio establecido en el artículo 9 del Decreto 538 de 2020, dijo que el Ministerio reglamentará que "la vinculación del personal va a ser de manera escalonada de acuerdo con los requerimientos, según la aparición y evolución de la pandemia en el país".
"Acordamos que el personal que sea llamado será previamente entrenado y contará con la dotación de bioseguridad que sea necesaria”, agregó Botero.
Otras medidas
El ministro Ruiz también explicó otras medidas para el sector incluidas en el decreto, como la posibilidad de ofrecer servicios en instituciones que no son necesariamente de salud, la autorización de la transferencia de recursos hacia los hospitales para facilitar la operación o adquisición de equipos. Y el aumento de la capacidad en telesalud.
En el ámbito del talento humano en salud, el ministro Ruiz explicó los alcances luego de la reunión: “Se genera un alistamiento para que en una situación extrema, en la que el sistema no tenga capacidad de respuesta se pueda utilizar de manera escalonada los recursos que garanticen la respuesta”, indicó.
Así mismo, enfatizó en un “tema absolutamente relevante” la determinación de que la COVID-19 se considerará enfermedad de origen laboral directa.
Finalmente, señaló que se hará una inversión "específicamente 4.7 millones de pesos en atención exclusiva de pacientes COVID-19 y ese dinero incluye insumos, tema médico y también elementos de protección que se deben garantizar, algunos pagos serán por giro directo. No puede haber excusa porque se garantiza la preparación de todos los hospitales”, destacó.
El martes, el gobierno Nacional informó que emitió el Decreto 539 de 2020 en el cual se determina que será el Ministerio de Salud y Protección social el encargado de determinar y expedir los protocolos de bioseguridad en el país.
En Colombia, se han confirmado 2.979 casos y 127 muertes, a causa de la COVID-19.
