El Plan Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19, elaborado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), recomienda tener en cuenta las alertas en Venezuela que podrían agravar la pandemia del COVID-19 en el país, como los pasos irregulares en las fronteras, la escasez de insumos médicos, el acceso limitado a servicios públicos, el retorno de migrantes venezolanos, el alto nivel de vulnerabilidad económica, entre otros.
Venezuela, dice el texto, se encuentra transitando de la fase 3 a la fase 4, "con los últimos casos reportados probablemente autóctonos y productos de transmisión comunitaria".
Hasta el 31 de marzo, la mayoría de los casos están en la región de Gran Caracas, que tiene una mayor densidad población, aunque ya se han reportado casos en 20 estados.
Los estados fronterizos, como Zulia, Táchira, Apure y Bolívar enfrentan riesgos altos dado que todos los países vecinos ya reportan casos de COVID-19.
El informe, elaborado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitario, hace énfasis en el aumento de casos en países vecinos como Brasil y Colombia, "con largas fronteras con Venezuela en la cual personas siguen cruzando por pasos irregulares".
Así mismo, alude a las limitaciones en la capacidad del sistema de salud para enfrentar la pandemia porque no existen los insumos necesarios y, en cambio, hay una capacitación reducida "en el uso de los equipos. A esto se le suman las fallas en los servicios públicos básicos, agua y saneamiento; y los insuficientes recursos para atender emergencias.
El texto también indica que existe un alto nivel de vulnerabilidad económica de la población, obligando a muchas familias a salir a la calle busca alimento e incrementado la informalidad. Incluso, la población enfrenta dificultades para acceder a los servicios del sistema de salud.
Atención especial
El plan señala que se debe prestar especial atención a las personas que realizan labores mineras en el estado Bolívar y Amazonas, "ya que es una zona endémica de malaria y dengue, donde podría facilitarse la rápida propagación de la COVID-19".
Así mismo, el retorno de venezolanos provenientes de Colombia, Ecuador y Perú, entre otros, desde mediados de marzo.
Advierte también que la alta movilidad de personas, "particularmente hacia ciudades que tienen mejor acceso a bienes y servicios y/o en las zonas fronterizas" incrementan el riesgo de "exposición a la COVID-19 de poblaciones vulnerables, incluyendo a quienes viven en condiciones de hacinamiento y en alojamientos insalubres".
El informe se refiere a las limitaciones de la respuesta humanitaria y a "la atenuación de las sanciones permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Fuerte impacto
La necesidades que tiene la población venezolana puede exacerbar las vulnerabilidades de las personas. Esto, incluso, podría dejar a Venezuela en el dime "entre tomar medidas rigurosas para contener la transmisión del virus o mantener el status quo socio-económico.
Por eso, la ONU hace un llamado a mantener y ampliar las operaciones humanitarias en el marco del Plan Humanitario de Respuesta (HRP por sus siglas en inglés), para apoyar a las poblaciones más vulnerables pues, en el caso que el virus se propague, "habrá un impacto inmediato en el sistema de salud, como ya se ha visto en países de Asia, Europa y Norteamérica".
Al existir graves casos, se pondrá a prueba la capacidad del sistema de salud, "en especial tomando en cuenta las interrupciones en el suministro de agua y electricidad, la escasez de medicamentos e insumos médicos, la salida de profesionales de salud y la capacidad operativa reducida de las salas de cuidados intermedios e intensivos", dice al plan. A esto se le sumaría la limitación de atención en salud a otros sectores y necesidades de la población.
Si existe un incremento de la cifras, habrá saturación de los servicios y hay preocupación por la capacidad limitada de los servicios de morgue en hospitales e instalaciones forenses.
Por otro lado, la "alta demanda y restricciones de movimiento, podría haber escasez de productos básicos de limpieza e higiene personal y un alza de precios (...) Asimismo, si los/las trabajadores/as del campo dejan de tener acceso al combustible, podría reducirse la producción de alimentos".
Incluso, dice el plan, la cuarentena puede limitar "aún más el acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y saneamiento ambiental en los hogares más vulnerables".
La cuarentena, incluso, ha afectado la educación de los niños que deben permanecer en sus casas, aumentando el riesgo de deserción escolar y la interrupción de la prestación de servicios sociales para la población más vulnerable.
El cierre de las fronteras con Colombia y Brasil también afecta a las personas que acceden a medicamentos y reciben tratamientos del otro lado de la frontera. Pero aún más preocupante es el aumento del uso y el costo de los pasos informales (o trochas): " De un promedio de 3.000 pesos (90 centavos de dólar) a 50.000 pesos (12 dólares)".
A esto se le suman el estado crítico de permanencia de venezolanos en poblaciones fronterizas, quienes esperan regresar a su país.
Población vulnerable
El Plan Intersectorial dice que las personas más vulnerables, frente a la pandemia en Venezuela -como en los otros países, son los adultos mayores, incluidos los y las cuidadores/as de niñez, aquellos con problema médicos preexistentes, y el personal sanitario.
Pero, además, aquellos con acceso limitado a agua, saneamiento e higiene. Las personas en movilidad, retornadas, aquellos viviendo en condiciones de hacinamiento y las que viven de la frontera en movimiento pendulares. Los detenidos, niñas y adolescentes en riesgo, comunidades indígenas en las zonas no urbanas, discapacitado, mujeres en situación de vulnerabilidad, centros de atención del adulto mayor, familias con bajos ingresos y elevado gasto de bolsillo en salud para el acceso a medicamentos e insumos indispensables.
El Plan
El informe señala que el plan tiene como objetivo "contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y evitar altas cifras de morbilidad y mortalidad ante la pandemia de COVID-19" y requiere de 72.100 millones de dólares para su implementación lo que incluye "los componentes de salud, agua, saneamiento e higiene, comunicación de riesgos y movilización social para enfrentar la COVID-19, y la respuesta multi-sectorial a las personas retornadas incluida en el componente de puntos de entrada, con un enfoque en los centros de alojamiento temporal".
El costo de las demás actividades críticas está en el Plan de Respuesta Humanitaria.
Otros objetivos del plan son apoyar el fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud, las capacidades para la prevención y control de infecciones en establecimientos de salud y comunidades priorizados.
Así mismo, proporcionar información idónea a la población, brindar atención multisectorial y asegurar condiciones dignas y seguras en centros de alojamiento temporal para las personas retornadas más vulnerables y reducir los riegos que las personas en movilidad sean un vector para la propagación del virus.
Asegurar continuidad de programas críticos y mitigar el impacto que pueden tener las medidas tomadas para prevenir la transmisión del coronavirus sobre las necesidades de la población más vulnerable del país.
Según el plan de la ONU, se priorizará el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en 16 de los 46 hospitales y centros centinelas, localizados en las zonas de Gran Caracas, Táchira, Zulia, Apure y Bolívar; y en tres estados adicionales (Anzoátegui, Lara y Falcón). También se enfocarán en fortalecer la capacidad de atención de salud primaria en ambulatorios en los estados prioritarios.
Así mismo, se intervendrán las comunidades más vulnerables en términos de acceso a servicios públicos y atención a personas retornadas.
