El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la prohibición de visitas a Leopoldo López y a los alcaldes destituidos Daniel Ceballos y Enzo Scarano impuesta por el Ministerio Público en febrero y marzo.
El máximo tribunal venezolano respondió a una solicitud de amparo interpuesta en julio por Cecilia Fernández y Oscar Hernández contra la ministra de la Defensa, almirante Carmen Meléndez, debido a que los líderes estaban detenidos en una cárcel militar.
La sentencia precisa que no hay pruebas de que esos ciudadanos fueron “al referido centro de reclusión, solicitaron visitar a los referidos ciudadanos y obtuvieron de los accionados una respuesta negativa”.
La ratificación de prohibición de visitas se conoce el mismo día que la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) respaldó la resolución de la ONU de liberar a López, Ceballos y todos los detenidos por protestar contra el gobierno venezolano.
“[Venezuela] no puede continuar ignorando los repetidos pronunciamientos de expertos de Naciones Unidas para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", dijo director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
La jueza Susana Barreiros mantuvo este lunes por cuarto día cerrado el despacho, evitando así una decisión sobre la resolución de la ONU a favor de López.
El coordinador político nacional adjunto del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Guevara, dijo que el silencio judicial sobre los casos de López y Ceballos deja en evidencia la posición del Estado venezolano ante las normas internacionales.
"Qué significa este correr la arruga del Estado venezolano”, cuestionó Guevara. “Que ellos están muy claros de las consecuencias que eso tiene”.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo la semana pasada que no era vinculante la observación de la ONU sobre el caso y señaló que el país es “soberano, libre e independiente”.
