Un juez federal de Seattle bloqueó el martes una política del gobierno de Estados Unidos que mantendría a miles de solicitantes de asilo encerrados mientras se investigan sus casos, diciendo que la Constitución exige que esos migrantes tengan la oportunidad de ser liberados de custodia.
La jueza de distrito de Estados Unidos, Marsha Pechman, dictaminó el martes que las personas detenidas después de ingresar al país para buscar protección tienen derecho a audiencias de fianza. El fiscal general William Barr anunció en abril que el gobierno ya no ofrecería tales audiencias, sino que mantendría a los solicitantes de asilo bajo custodia. Fue parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para disuadir a una oleada de migrantes en la frontera de EE.UU.
y México.
Pechman dijo que como personas que han ingresado al país y han sido detenidas aquí, tienen derecho a las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda, incluida "una prohibición de larga data contra la detención civil indefinida, sin oportunidad de probar su necesidad".
Los defensores de los derechos de los inmigrantes, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, presentaron una demanda para bloquear la política, que debía entrar en vigor el 15 de julio.
"El tribunal reafirmó lo que se ha resuelto durante décadas: que los solicitantes de asilo que ingresan a este país tienen el derecho de estar libres de detención arbitraria", dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en una declaración escrita. "Miles de solicitantes de asilo seguirán pudiendo ser liberados bajo fianza, mientras buscan protección contra la persecución y la tortura".
Los grupos dijeron al tribunal que durante los últimos 50 años, el gobierno ha otorgado audiencias de fianza a solicitantes de asilo ante jueces de inmigración, en donde pueden argumentar que deberían ser liberados porque no son riesgo de fuga y no representan una amenaza para el público. Eso brinda a los solicitantes de asilo la oportunidad de reunirse con familiares en EE.UU. y de encontrar abogados para manejar sus solicitudes de asilo, lo que los hace más propensos a tener éxito.
La nueva política terminaría con esa práctica, manteniendo entre 15.000 y 40.000 inmigrantes bajo custodia por seis meses o más sin requerir que el gobierno demuestre que sus detenciones están justificadas, en violación de sus derechos al debido proceso, argumentaron los grupos. Por lo general, casi la mitad de los solicitantes de asilo que reciben audiencias de fianza son liberados de la custodia.
"El Tribunal considera que los demandantes han establecido un interés constitucional en su libertad, un derecho al debido proceso que incluye una audiencia ante un tomador de decisiones neutral para evaluar la necesidad de su detención, y una probabilidad de éxito en los méritos de ese asunto", escribió el juez.
En su orden, Pechman dijo que el gobierno debe proporcionar una audiencia de fianza a cualquier inmigrante que haya demostrado que tiene un temor creíble de persecución o tortura si es devuelto a su país de origen dentro de los siete días de la solicitud. Los solicitantes de asilo deben ser liberados si no se les concede una audiencia dentro de ese plazo, señaló.
Pechman también apuntó que la carga debe recaer en el gobierno en tales audiencias para demostrar que mantener a los solicitantes de asilo bajo custodia es necesario porque representan un riesgo de fuga o un peligro para el público.
