Un juez federal en Seattle escuchaba el viernes un recurso legal a una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump que mantendría a miles de personas en busca de asilo encarceladas mientras se desarrollan sus casos, en lugar de permitirles salir bajo fianza.
El secretario de Justicia, William Barr, anunció la ley en abril como parte de los esfuerzos del gobierno de desalentar al creciente número de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, que está programada para entrar en vigor el próximo mes. La ley tiene en la mira a los inmigrantes que han entrado recientemente a Estados Unidos sin autorización y que han demostrado un temor creíble de persecución o tortura si regresan a sus países de origen.
En los últimos 50 años, el gobierno ha permitido audiencias de fianza para personas en busca de asilo ante jueces de inmigración, en las cuales dichas personas pueden argumentar que no huirán ni son una amenaza al público, según documentos presentados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste. Eso les da la oportunidad de reunirse con sus parientes en Estados Unidos y de encontrar abogados que lidien con sus casos, lo que les da mayor posibilidad de éxito.
La nueva política pondría fin a esa práctica y mantendría detenidos a entre 15.000 y 40.000 inmigrantes sin requerir que el gobierno demuestre que sus detenciones son justificadas, en violación a sus derechos a un juicio justo, argumentaron los grupos.
“Hablamos de personas que se quedarían detenidas al menos seis meses y algunas más de un año”, dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste. “Bajo la decisión del fiscal general, no importa si esa persona está en riesgo de huir o peligro. Estarán categóricamente encerradas”.
Trump dijo que está resuelto a poner fin al sistema de “captura y libera” de los migrantes en la frontera. También dijo que el sistema de asilos está colapsado y que algunos se aprovechan de él con afirmaciones frívolas.
