La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó en un informe divulgado este viernes el comportamiento de la policía y las fuerzas armadas de Chile, durante las protestas masivas y el estado de emergencia, en noviembre pasado.
El documento dice que los carabineros (policía) y el ejército “incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza”.
El informe de 30 páginas detalla denuncias con ejemplos específicos de torturas, malos tratos, violaciones y otras formas de violencia sexual por los carabineros contra personas que habían sido detenidas, muchas de las cuales arbitrariamente.
Según información oficial, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, aunque la mayoría de ellas ya han sido puestas en libertad.
El informe señala que, a partir de información recogida de una amplia variedad de fuentes, los carabineros incumplieron “de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.
Dice además que hubo un “uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad”.
Esto resultó “en un alto número de personas heridas, incluidos transeúntes y personas que no estaban cometiendo actos violentos, sino que protestaban pacíficamente”.
El equipo documentó, además, 113 casos específicos de torturas y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes cometidos por miembros de carabineros y militares.
El reporte señala que de las 26 muertes ocurridas durante los disturbios, cuatro de ellas constituyeron “privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del estado”.
“Esto contraviene la normativa y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial”.
Concluye que “existen razones fundadas para creer que, desde el 18 de octubre, se cometieron un elevado número de violaciones de derechos humanos”.
El informe dice que el equipo de la ONU se reunió y recibió amplia cooperación de un gran número de autoridades locales y nacionales, y con más de 300 miembros de la sociedad civil.
Tuvo acceso a hospitales y centros de salud, y se le permitió entrevistar a personas heridas durante las manifestaciones. Además, hizo 235 entrevistas a víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos y 60 a oficiales de Carabineros de Chile, incluidos algunos heridos durante las protestas.
El informe recomienda al estado de Chile “el cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar manifestaciones” y hace un llamado a limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea “estrictamente necesario”.
“Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante”, afirmó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
