Human Rights Watch se sumó el martes a la lista de organizaciones que han denunciado graves abusos policiales en la represión de las protestas en Chile, mientras el país vivió una nueva jornada de manifestaciones con violencia en las calles.
El presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas ayuden a proteger infraestructura "crítica", como instalaciones de suministro eléctrico, agua potable, telecomunicaciones y salud, sin tener que decretar estados de excepcionalidad, como lo hizo al inicio del estallido social a mediados de octubre.
La nueva jornada de protestas comenzó temprano con barricadas, lo que dificultó el tránsito en ciudades del centro y sur del país. Trabajadores portuarios impidieron la entrada a los puertos de Concepción y San Antonio y una de las rutas que conecta Santiago con el vecino puerto de Valparaíso fue cortada.
En Santiago se quemaron autobuses de la red urbana de transportes y se desvalijaron camiones. En Valparaíso se registraron incidentes violentos y se lanzaron piedras a las inmediaciones y contra el Congreso que llegaron a romper la puerta de entrada del salón plenario.
El país sudamericano sumó el martes 40 días de protestas sociales que han dejado más de 20 muertos y miles de heridos y detenidos, así como cuantiosas pérdidas por saqueos, incendios y destrozos a propiedad pública y privada.
Durante el día, Piñera también se reunió con el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien le presentó las conclusiones y recomendaciones a las que llegó el grupo tras dos semanas de pesquisas en Chile.
En su informe, el grupo denunció que efectivos de Carabineros, la policía chilena, cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las masivas protestas y llamó al gobierno a promover reformas para modernizar y profesionalizar a su fuerza policial.
"Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes", dijo Vivanco, que ya había adelantado parte del contenido el fin de semana.
HRW formuló 10 recomendaciones para reformar a la policía militarizada encargada del orden público en Chile, como asegurar que existan mecanismos internos de control, reformar el sistema de disciplina, instalar cámaras en las áreas de todas las comisarías del país, suspender cualquier uso de perdigones y reforzar el entrenamiento de los carabineros, entre otras.
Las conclusiones de HRW estuvieron en línea con un informe de Amnistía Internacional divulgado la semana pasada sobre estos sucesos, en que unos 200 chilenos han sufrido graves lesiones oculares a raíz del impacto de perdigones.
La Fiscalía había informado antes que abrió 2.670 investigaciones penales por violaciones a derechos humanos que involucran a igual número de víctimas. Tanto la policía como el gobierno han señalado en varias ocasiones que cualquier abuso será investigado por la justicia.
