Hace 45 días explotó la peor crisis social que ha vivido Chile en tres décadas. Marchas multitudinarias y violencia en las calles se convirtieron en una encerrona para el poder político que ha respondido a un reclamo heterogéneo con gestos insuficientes para los demandantes.
La convocatoria este domingo es para una marcha hacia la casa del presidente Sebastián Piñera, que celebra sus 70 años. Luego, al final de día, se buscará reunir a miles de personas frente al palacio presidencial de La Moneda para reclamar "cambios reales y no por un paracetamol y para la casa", dice el mensaje.
El movimiento, convocado a través de redes sociales y sin liderazgo político visible, grita su escepticismo frente a todas las instituciones.
Después del estallido el 18 de octubre con incendios, destrozos y saqueos en varias estaciones de metro de Santiago y supermercados, el presidente Piñera decretó el estado de emergencia y sacó los militares a la calle para contener lo que consideró un tema de orden público.
Pero tras seis semanas de protestas contra la desigualdad social, Chile cuenta 23 muertos -cinco a manos de fuerzas del Estado- y miles de heridos, entre ellos casi 300 con lesiones oculares graves por perdigones o bombas lacrimógenas. Las fuerzas de seguridad son investigadas por más de 2.000 casos de violaciones a los derechos humanos, informó la Fiscalía.
Acosado por la potencia del movimiento Chile Despertó, que recibe el apoyo de más del 65 por ciento de la población según la encuestadora Cadem, Piñera, de derecha, enterró su plan de gobierno original en un intento por dar respuesta a los reclamos.
"Piñera ha hecho anuncios pobres, sigue creyendo que nos conformamos con limosnas", afirma Cecilia Castillo, una administradora de 32 años en la última marcha en plaza Italia de Santiago.
En lo que ya es el mantra de esta primavera chilena, Castillo repite: "Estamos hartos de un Estado que no aporta en educación, salud y que nos da una vejez miserable".
El Presidente anunció una agenda social con un aumento de salario mínimo, entre otros puntos, y luego se sumó a un histórico pacto para redactar una nueva Constitución en reemplazo de la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), algo que hasta el momento no había reunido los votos necesarios, aunque si había sido objeto de algunas modificaciones tras el retorno de la democracia.
Pese a que este hito constituyente fue recibido con euforia en la clase política y el mercado, aún genera desconfianza entre quienes protestan.
Los gestos políticos han quedado opacados por los incidentes violentos que al menos una vez por semana recobran esa rabia que el 18 de octubre cambió el rostro del país más estable de América Latina.
El abogado constitucionalista Jaime Bassa dijo que "a pesar de su carácter histórico, el acuerdo por la nueva Constitución aborda sólo una de las cuatro dimensiones de la actual crisis política y social".
"Quedan pendientes la agenda social, la de orden público y las violaciones a los derechos humanos, cada una de las cuales debe avanzar a sus respectivos ritmos. Sin perjuicio que una nueva constitución es parte de las soluciones a la crisis social, no es posible pensar que sea la solución completa y final", sostuvo Bassa, profesor de Derecho en la Universidad de Valparaíso.
A 23 días para los festejos de Navidad, las principales ciudades de Chile están marcadas por saqueos, pintadas, destrucciones, calles sin semáforos, centros comerciales que cierran temprano y custodiados por policías, avenidas comerciales con vitrinas tapadas por planchas metálicas o de madera contra el vandalismo.
¿Es más violento el encapuchado que saquea y agrede al policía o el Estado que reprime demandas sociales legítimas? El debate está servido y polariza cada vez más a una sociedad que hace 30 años salió de una dictadura que dejó más de 3.000 muertos o desaparecidos entre 1973 y 1990.
"La violencia nunca ha cambiado nada", indicó el sociólogo Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, en declaraciones al diario La Tercera.
Considera que "lo que gatilló el cambio en nuestro país es el millón y medio de personas en la calle (en la gran marcha pacífica del 25 de octubre), y las encuestas del día siguiente que mostraron un apoyo abrumador a determinadas demandas sociales. Sin ese sostén nada habría cambiado", dijo.
Pero cada día de protesta en las calles significa un golpe más fuerte para el comercio y las Pymes, mientras la bolsa y el peso caen y se derrumban las expectativas de crecimiento.
El economista Ricardo Ffrench-Davis afirmó que no hay que esperar a la nueva Constitución para dar solución a demandas y emergencias inmediatas, para ello propone usar el dinero de un Fondo Soberano.
"La paz social es esencial para que el país crezca", dijo el académico de la Universidad de Chile.
