En Nuevo Laredo, uno de los pasos fronterizos entre el mexicano y violento estado de Tamaulipas y Texas, todo era confusión, incertidumbre y rumores al entrar en vigor la nueva directriz de asilo de Estados Unidos, que complicará la concesión del estatus de refugiado a muchos migrantes que huyen de la violencia.
La norma, que entró en vigencia el martes, es el intento más enérgico hasta ahora del gobierno del presidente, Donald Trump, para reducir el número de personas que piden asilo en su país. La norma rechaza el asilo a cualquiera que aparezca en la frontera mexicana tras haber viajado por otro país, algo que los migrantes centroamericanos deben hacer.
En algunos puntos de la ciudad seguían llegando migrantes a los albergues, como una familia de 7 miembros -tres de ellos menores- del estado mexicano de Michoacán, que huían de las balaceras y las extorsiones y que se mostraron felices cuando aceptaron alojarles en una de las casas de acogida de la localidad. Aunque alguno tuviera que dormir en el pasillo, todos tenían la esperanza de llegar a un sitio seguro y ponerse en la lista de espera para solicitar asilo en Estados Unidos.
Mientras, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración que hay junto al puente internacional número I, en torno a unos 70 migrantes, muchos de ellos centroamericanos, eran retornados a México con la cita de un juez metida en una bolsa de plástico transparente y un sabor agridulce en la boca.
Durante la tarde del martes, la planta baja de ese edificio era un cúmulo de mujeres acunando a niños, hombres haciéndose preguntas y pequeños correteando ante la atenta mirada de sus padres que esperaban sentados en el suelo hasta que por la noche un autobús los llevó a Monterrey, a 200 kilómetro de distancia. Los autobuses parecían haber sido contratados por la agencia mexicana de inmigración, aunque esta institución dijo a AP la semana pasada que el INM no se encargaba de eso.
“No nos deportaron, pero fuimos sacados de mala manera supuestamente en espera de una audiencia”, dijo Nolvin Godoy, un guatemalteco de 29 años que se endeudó pagando a un coyote casi 10.000 dólares para que lo sacara de su departamento natal, Chiquimula, con su esposa y su niño de dos años y le cruzara el Río Grande para entregarse a las autoridades estadounidenses. Después de 10 días en un centro de detención de Estados Unidos, les entregaron su cita con el juez para septiembre, donde podría iniciar el trámite de refugio, y les mandaron a México. Pero el joven tenía pocas esperanzas de poder presentarse a la audiencia en esa fecha.
“Hoy cayó la ley y mire, nos van a llevar a Monterrey y no sabemos qué va a pasar después porque no conocemos a nadie, estoy endeudado”, dijo.
Los agentes de migración mexicana les dieron comida y un documento, una especie de constancia que les garantiza el acceso a ciertos programas oficiales - no especifica a cuáles, pero México ha garantizado que podrán trabajar en el país-, y en el que se les da un número de teléfono y correo electrónico oficial donde les pueden dar asesoría.
Pero Godoy, que mostró la camiseta que llevaba puesta toda manchada como su única pertenencia mientras cargaba a su hijo, creía que todo eso valdría para poco si no tenía cómo sobrevivir. “Quizás lo mejor es regresar”, comentó.
A ninguno de los que estaban allí, la mayoría con caras asustadas, se le pasó por la cabeza cruzar la reja que separaba el recinto oficial del exterior. “Fuera está el crimen organizado”, apuntó el guatemalteco como toda explicación.
Como Godoy, decenas de personas fueron retornadas el martes por Nuevo Laredo y por la noche fueron llevadas a Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León. La mayoría había llegado a Estados Unidos de forma irregular y no tenía el perfil de quienes esperan en México semanas o meses, se apuntan en listas de espera y luego son llamados por las autoridades de Estados Unidos para procesar su petición de asilo.
En algunos casos, confesaron a AP que no se habían planteado solicitar refugio hasta que les pusieron los papeles frente a ellos y lo vieron como una opción.
Pero mientras la desinformación cundía entre ese grupo, otras 15 personas, incluidos cuatro niños, acudieron al puente internacional por la mañana del martes porque les había llegado el turno después de esperar durante semanas. Ese antiguo proceso, en el que los solicitantes se inscribían en una lista, funcionó durante mucho tiempo aceptado y reconocido por Estados Unidos y México. La idea de que el sistema podría seguir vigente alentaba a otros como Linerio González, de 24 años, y Ana Paolini, de 20, un matrimonio de venezolanos que huyó de su país después de amenazas por cuestiones políticas. Ahora no sabían si todo se complicaría o no con las nuevas medidas de Trump.
“Es desesperante”, dijo González. “Se dicen muchas cosas y no sabemos”.
Ella dijo sentirse decepcionada porque, aunque les llamaran, sabían que luego regresarían a Tamaulipas, uno de los estados con mayor actividad del crimen organizado, y tenían miedo.
El padre Julio López, director del Albergue Nazaret, financiado por la Iglesia católica, asegura que en este momento toda la frontera pasaba por momentos críticos por “la mucha confusión y por todos los cambios que se han dado”, que solo empeoraron la situación de los migrantes. A su juicio, los únicos beneficiados a la larga, serán los traficantes, que pedirán más dinero para cruzar personas sin permiso de trabajo, mientras que los migrantes correrán aún más riesgo de ser víctimas de criminales.
“Ahora se une esta incertidumbre de las famosas deportaciones masivas que podrían poner en situación difícil a nuestros albergues”, afirmó el religioso, que temía no poder atender a los nuevos migrantes que llegasen, a los mexicanos deportados y ahora a estos retornados de nuevo estatus cuyo destino era todavía incierto.
