Tras la suspensión de la visita del presidente Jimmy Morales a Washington donde tenía prevista el lunes una reunión con su homólogo Donald Trump, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió otorgar el amparo provisional solicitado para evitar que se concrete la posible firma del acuerdo de tercer país seguro.
Durante la mañana del domingo el gobierno de Guatemala emitió un comunicado para anunciar la reprogramación de dicha reunión a la espera de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo órgano constitucional del país.
La resolución emitida tarde el domingo indica: “Se previene al presidente de la república de Guatemala, de constituir al territorio nacional como un tercer país seguro, debe cumplir el mecanismo establecido en la literal l) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.
Dicho artículo se refiere a “otras atribuciones del Congreso”, en este caso específicamente a la aprobación, antes de su ratificación, de los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional.
¿Qué es un tercer país seguro?
Este término, que se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, implica que un país puede negarse a concede asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”.
Existen dos maneras de interpretar el concepto de tercer país seguro. La forma menos estricta es la de un sitio que ofrezca “protecciones básicas, un estatus legal, autorización de trabajo y servicios sociales básicos”, de acuerdo con Fisher.
Sin embargo, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, un país seguro es en el que se respete la vida y libertad de las personas y donde no sean perseguidas por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad o por pertenecer a algún grupo social particular.
Con esta resolución se establece que el posible acuerdo debería ser ratificado por el Congreso de la República para hacerse efectivo. Sin embargo, el comunicado emitido por el gobierno reitera que en “ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro”.
En junio, se conoció que la Casa Blanca presentaría al gobierno de Guatemala un documento de siete páginas que establecería un protocolo de "tercer país seguro" entre los dos países, para así impedir que los centroamericanos busquen asilo en Estados Unidos.
Días después la confirmación llegó de parte del ministro de gobernación guatemalteco, Enrique Degenhart, quien indicó que sería parte del convenio bilateral firmado con México.
De firmarse el acuerdo de tercer país seguro, Estados Unidos podría enviar a Guatemala a solicitantes de asilo, incluso a los que no son guatemaltecos, para que sus procesos migratorios sean resueltos allí en lugar de en tribunales estadounidenses.
El acuerdo de EE.UU. con México envía a los solicitantes de asilo a ese país para que esperen la resolución de sus casos en cortes estadounidenses.
El gobierno de EE.UU. no ha comentado hasta la publicación de esta nota sobre la cancelación de la visita del presidente Morales.
Para analizar el tema la Voz de América entrevistó en Ciudad Guatemala al abogado constitucionalista Stuardo Ralón quien destaca el entorno de una decisión que, según dice, no debería depender de las resoluciones del Tribunal Constitucional de la nación centroamericana.
Colaboración con la entrevista de Eugenia Sagastume
