A través de un comunicado emitido en Caracas, la Conferencia Episcopal Venezolana integrada por los obispos católicos en Venezuela, pidió al presidente Chávez devolver a la Asamblea Nacional sus facultades legislativas.
A la vez, los obispos católicos se mostraron críticos de que el presidente Chávez pretenda imponer en el país un sistema socialista y "totalitario" contrario a la Constitución.
La Conferencia Episcopal también condenó el paquete de leyes que la pasada Asamblea Nacional aprobó en diciembre, previo al ingreso de los nuevos legisladores electos en septiembre de 2010, con mayor representación de la oposición.
Los obispos dicen que las nuevas normativas "crean una gravísima situación política pues con ellas se pretende imponer a los venezolanos un sistema socialista, estatizante y totalitario".
Los obispos señalaron también que el modelo socialista que busca imponer Chávez en Venezuela es "contrario al sistema democrático consagrado en la Constitución de 1999, y reafirmado con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional" que fue derrotada en el referendo en el 2007.
La Conferencia Episcopal también instó al gobierno y al partido oficialista "a que tomen conciencia de la peligrosa situación que están generando", y a "rectificar su propósito de establecer la hegemonía absoluta del Estado".
De acuerdo con el comunicado de los obispos, "esta manera de proceder no resuelve los problemas de la gente, e irrespeta y desconoce la voluntad popular mayoritaria expresada reiteradamente por medio del voto", en referencia al paquete de 25 leyes, aprobadas en diciembre entre las que se incluye una ley que habilitó a Chávez para dictar leyes hasta junio del 2012.
El comunicado concluye señalando y alertando que "las autoridades del Estado no pueden asumir el control total de la vida de las personas, y tampoco establecer las condiciones para eternizarse en el ejercicio del poder".
El comunicado fue emitido el cierre de la Asamblea ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. En Venezuela la iglesia católica, según demuestran las encuestas, cuenta con una alta credibilidad entre la población y más de la mitad de los 28 millones de habitantes dice profesar la religión católica.