Fondos por aproximadamente 250 millones de dólares anuales que se entregan a las fuerzas del orden locales y estatales, serán suspendidos para las jurisdicciones que ofrecen santuario a migrantes indocumentados y que interfieran con los operativos del Servicio de Inmigración y aduanas, anunció en un memorando la nueva fiscal general federal Pam Bondi, a pocas horas de haber sido nombrada. Nueva York se rige por leyes santuario y podría verse afectada. Sin embargo, el alcalde asegura que coopera con las autoridades federales y pronto viajará a la capital del país a entregar su testimonio sobre las leyes santuario.
“Tenemos que proteger nuestras fronteras. Tenemos que asegurarnos de que quienes son violentos y peligrosos en nuestras ciudades no sigan haciendo lo que estamos viendo en lugares como Chicago y otros. Y vamos a afirmar que, cuando se trata de inmigración, se trata de un problema nacional y las ciudades no deberían ser responsables de ello. Y eso es lo que voy a comunicar”, dijo Eric Adams, Alcalde de Nueva York.
La fiscal general también ordenó suspender por 60 días los fondos a organizaciones no gubernamentales que apoyen a los migrantes y pidió que los fiscales busquen las penas máximas incluyendo la pena capital en los casos que sean apropiados. Estados santuario como Connecticut y California y ciudades como Chicago, Filadelfia, Denver y Washington D.C. se encuentran entre los que podrían ser afectados. El alcalde de Chicago ya había sentado su postura.
"Rechazamos totamente el nivel de intimidación que esta administración está intentando mantener. Somos Chicago. Somos diferentes. Y no vamos a tener miedo de nadie que amenace los medios de vida y nuestra estructura económica en esta ciudad", aseguró Brandon Johnson, Alcalde de Chicago.
Esta medida podría desencadenar una nueva batalla judicial que ya había llegado hasta el Tribunal Supremo en el pasado mandato de Trump, cuando intentó recortar fondos federales a jurisdicciones santuario. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
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